Por Cristina Cabutto, Sebastián Nieto Parra y Juan Vázquez Zamora (OECD Development Centre)

Una recuperación fuerte, inclusiva y sostenible de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe (ALC) va a requerir medidas audaces y reformas ambiciosas. Avanzar en esa agenda de reformas no será tarea sencilla, en particular en un contexto de alto descontento social, que ya se venía observando en la región en los años previos a la crisis. Por ello será fundamental repensar el contrato social en la región, para restaurar la confianza de la ciudadanía y favorecer la generación de amplios consensos sobre cómo y hacia dónde debe avanzar el modelo de desarrollo de la región en los próximos años.

La noción de contrato social procede originalmente de los filósofos Hobbes, Locke, Hume y Rousseau y ha ido evolucionando adquiriendo un contenido más concreto con la expansión del Estado del bienestar y la movilización del sector laboral. En particular, la publicación Perspectivas Económicas de América Latina 2021: Avanzando Juntos Hacia una Mejor Recuperación, elaborada por el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y la Unión Europea, define el contrato social como el «acuerdo integral, intangible e implícito, que une a la sociedad y que se enmarca en un determinado conjunto de normas e instituciones formales e informales» (OCDE et al., 2021). Este acuerdo es integral por dos razones principales. En primer lugar, porque va más allá de la visión tradicional del contrato social -centrada principalmente en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos- y reconoce el papel notorio de la sociedad civil (por ejemplo, #NiUnaMenos), el sector privado y otros actores clave. En segundo lugar, porque abarca múltiples ámbitos de la política pública.

Fuente: Foco Ecnómico