• Ineficiencias en las compras gubernamentales, servicios públicos y transferencias focalizadas podrían costar hasta US$220.000 millones al año, o 4.4% del PIB regional.
• El informe incluye recomendaciones de políticas para mejorar el gasto en salud, educación, infraestructura y seguridad pública

Un análisis inédito del gasto público en América Latina y el Caribe revela enormes ineficiencias y malgasto que podrían llegar a costar hasta US$220.000 millones al año, o el equivalente al 4,4 por ciento del PIB de la región. Esto significa que hay amplio margen para mejorar los servicios básicos sin necesidad de aumentar el gasto.

Mejor Gasto para Mejores Vidas: Cómo Pueden América Latina y el Caribe Hacer Más con Menos , un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, fue publicado hoy en momentos en que los gobiernos de toda la región luchan por cubrir, con presupuestos cada vez más apretados, las crecientes expectativas de la población.

La publicación, parte de la serie de estudios insignia del BID denominada Desarrollo en las Américas, argumenta en contra de los recortes generalizados y a favor de un gasto “inteligente” que mejore la eficiencia en áreas críticas del sector público. El informe analiza lo que los países gastan en diferentes áreas, si invierten o no lo suficiente para asegurar un futuro mejor, y si dichos gastos aumentan o disminuyen la desigualdad.

Además de un diagnóstico, el informe formula varias recomendaciones de políticas sobre cómo mejorar la eficiencia del gasto gubernamental. Por ejemplo, incluye medidas concretas para reducir las demoras y sobrecostos de proyectos de infraestructura, así como la corrupción en las compras gubernamentales.

“En tiempos en que los gobiernos tienen que tomar difíciles decisiones, este informe provee una oportuna plataforma para discutir cuán eficientemente invertimos nuestros recursos públicos para asegurar los mejores resultados posibles, no sólo para el presente sino también para el futuro”, dijo el economista jefe del BID, Alejandro Izquierdo. “La buena noticia es que podemos mejorar las vidas de nuestros ciudadanos no mediante gastos más elevados sino más eficientes”, agregó.

Gasto ineficiente

En América Latina y el Caribe, el gasto público consolidado actualmente ronda en promedio a un 29,7 por ciento del PIB, casi 6 puntos porcentuales más que a principios de los años 2000. El gasto oscila entre más del 35 por ciento del PIB en Argentina y Brasil y menos del 20 por ciento en la República Dominicana y Guatemala.

Tras la crisis financiera global de 2007-2008, muchos países de la región vieron catapultarse sus ingresos por la venta de materias primas y elevaron sus gastos en áreas tales como salarios en el sector público y pensiones, que son difíciles de revertir. Esos gobiernos ahora necesitan sacar el máximo provecho posibles de sus ingresos tributarios.

Algunos de los principales hallazgos del informe incluyen:

Una estimación moderada del costo de la ineficiencia que suma excesos en las compras gubernamentales (incluyendo pérdidas por causa de la corrupción y por demoras), junto a una abultada nómina salarial en el sector público y las transferencias que no llegan al sector indicado de la población, da como resultado pérdidas por 4,4 por ciento del PIB, o unos US$220.000 millones (un 16 por ciento del gasto total). Ese monto sería suficiente para eliminar la pobreza extrema en la región. Chile y Perú tienen la mejor calidad de gasto, con costos de ineficiencias que llegan al 1,8 y 2,5 por ciento del PIB, respectivamente.
La inversión pública — necesaria para asegurar el crecimiento futuro — ha perdido más de 8 puntos porcentuales en el presupuesto respecto de los gastos corrientes. Mientras que en todas las otras regiones del mundo la inversión pública per cápita ha crecido en promedio más del 50 por ciento, en América Latina sólo avanzó un 5 por ciento, manteniéndose aproximadamente en los mismos niveles que en la década de 1980.
América Latina y el Caribe gasta cuatro veces más en la población de mayor edad que la más joven. De mantenerse en los actuales niveles, los regímenes de pensiones y de salud podrían aumentar del actual 35 por ciento del presupuesto al 78 por ciento en 2065, poniendo a la sostenibilidad fiscal en riesgo. Ese escenario también podría restar recursos a otras prioridades, tales como el desarrollo del capital humano y de infraestructura, elementos indispensables para sostener el crecimiento económico en el tiempo.
Un mayor gasto gubernamental difícilmente ayudará a cerrar la brecha de desigualdad en la región si no se corrigen las ineficiencias en la redistribución. En 16 países de América Latina, los impuestos directos y las transferencias de efectivo logran reducir la desigualdad en un promedio de sólo el 4,7 por ciento, contra un 38 por ciento en un muestreo de países desarrollados.
Una reducción de los sobrecostos y demoras en proyectos de infraestructura financiados por los gobiernos a los niveles de los proyectos financiados por los bancos multilaterales de desarrollo podría generar un ahorro en el gasto de casi 1,2 por ciento del PIB. Esto podría liberar hasta US$50.000 millones anuales para inversiones en infraestructura.
Varios países podrían mejorar sus índices de salud manteniendo sus presupuestos, dirigiendo el gasto a servicios más efectivos. En la región, la expectativa de vida podría aumentar en cuatro años, y en el caso de Bolivia, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago, podría subir al menos siete años. Por su parte, el delito podría reducirse en un 30 por ciento.
Recomendaciones de políticas

El informe ofrece una amplia gama de recomendaciones de políticas específicas. Éstas incluyen hacer un mayor uso del análisis de costo-beneficio para determinar sus mejores opciones presupuestarias, o la creación de organismos dedicados para la planificación estratégica que utilicen rigurosas evaluaciones del impacto de los programas gubernamentales antes de tomar decisiones sobre la asignación de recursos.

El libro también propone la adopción de reglas fiscales que vayan más allá de la sustentabilidad fiscal para la protección de las inversiones, tales como el requisito fiscal de doble condición de Perú, que fija límites específicos al incremento de los gastos corrientes para asegurarse de que no insuman recursos que deberían asignarse a gastos de capital.

El informe cita numerosas formas de mejorar el manejo del gasto público para aumentar la eficiencia del servicio civil, desde el desarrollo de planes de servicio público que incluyan claras metas y visiones, hasta la auditoría de las nóminas de empleados y de las transacciones.

En el terreno de la educación, el libro recomienda, entre otras medidas, acompañar un mayor gasto por alumno con un aumento de las medidas de rendición de cuentas para reducir la corrupción, como también un mayor nivel de formación de docentes y de ajuste de sus ingresos al desempeño.

En cuanto a la seguridad pública, el libro destaca que la región tiene altos niveles de delincuencia a pesar de haber aumentado sustancialmente el gasto en policía y encarcelamiento, llevando al sector de la seguridad a absorber un 5,4 por ciento de los presupuestos fiscales, frente a un 3,3 por ciento en los países de la OCDE. El informe también enumera las mejoras en las áreas de organización y eficiencia policial, mejor manejo de los programas de prevención del delito, y un mayor enfoque en los puntos, personas y comportamientos de alto riesgo, entre otros.

Baja confianza en el gobierno

Por último, Mejor Gasto para Mejores Vidas analiza también aquellos elementos intangibles que están detrás de las decisiones presupuestarias, tales como el nivel de confianza de la población en su gobierno. La falta de confianza implica, entre otras cosas, que los votantes prefieren las políticas públicas que ofrecen beneficios inmediatos (tales como las transferencias) antes que la inversión en educación e infraestructura, cuyos beneficios sólo se hacen visibles muchos años más tarde.

“Propugnar la eficiencia gubernamental no se trata sólo de meras consideraciones técnicas”, dijo la especialista principal de la división de manejo fiscal y municipal del BID, Carola Pessino. “Otros elementos esenciales para restaurar la confianza de la gente en su gobierno incluyen dar más información a la ciudadanía para que pueda supervisar las medidas gubernamentales e incrementar la eficiencia técnica y de asignación de recursos para que ésta pueda conseguir los servicios que se merece. Así, la población pasará a exigir a sus políticos más inversiones de largo plazo en lugar de transferencias, poniendo en marcha un círculo virtuoso que puede resultar en mejores políticas y mejores gastos”.

Consulta el reporte del BID

Fuente: IADB