El presidente chileno, Gabriel Boric, insistió este martes en avanzar en la tramitación de la reforma de pensiones, uno de los principales ejes de su programa pendiente de despachar desde hace siete meses por falta de acuerdos, e instó al Parlamento a “mejorar el proyecto” que su Gobierno presentó.

“Acá no hay trancas ideológicas, se trata de tener una vejez digna. Vamos a insistir y espero no tener más contratiempos con eso en el Congreso”, señaló el mandatario durante la firma del proyecto de ley que amplía de manera extraordinaria un bono de invierno para los jubilados.

“Este bono es un apoyo, pero no es una solución definitiva; la solución definitiva es la mejora de las pensiones de los trabajadores, de quienes han trabajado toda su vida, pero no les alcanza para vivir. Las personas mayores no pueden seguir esperando”, añadió el exlíder estudiantil.

El Gobierno chileno propone crear un sistema mixto, subir las cotizaciones hasta el 16 % a cargo del empleador y el fin de las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP), creadas durante la dictadura militar (1973-1990).

La mejora de las pensiones fue uno de los temas centrales de la segunda cuenta pública de Boric ante el Parlamento, celebrada la semana pasada y en la que hizo balance de sus primeros 15 meses de Gobierno.

El presidente insistió que se trata de un “imperativo moral” y advirtió que “la sociedad chilena no tolerará un nuevo fracaso” en la tramitación de esta reforma que calificó de “urgencia nacional”.

“Tenemos el deber de mejorar las pensiones de los chilenos hoy, no mañana o en 10 años más”, dijo el presidente, quien instó por ello a la oposición a dialogar y avanzar “con celeridad, responsabilidad y compromiso”.

Junto con la tributaria, la reforma de pensiones es una de las promesas estrella de Boric y una de las grandes demandas de la ciudadanía desde hace más de una década. También fue una de las reivindicaciones más gritadas durante el estallido social de 2019, la ola de protestas más importante desde el fin de la dictadura.

El sistema previsional actual, implantado durante el régimen pinochetista, se basa en la capitalización individual gracias al aporte mensual de un 10 % del sueldo de los empleados a una cuenta personal disponible solo cuando llegan a la jubilación y tutelada por las AFP, que invierten esos ahorros en los mercados y obtienen beneficios millonarios, cercanos al 8 % del PIB.

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