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Este futuro no applica

Por Ana Heatley Tejada, Diego Alejo Vázquez Pimentel, Laura Arely Centeno Maya, Lucía Pacheco Fernández del Castillo, Alma Luisa Rodríguez Leal-Isla, Anahí Rodríguez Martínez & Máximo Ernesto Jaramillo-Molina.

La economía compartida o gig economy es un sector económico que se distingue por el comercio al por menor de bienes o prestación de servicios a través de transacciones de bajo valor, de una sola vez y a través de canales digitales. Con esta nueva economía, las personas trabajadoras que pertenecen al sector realizan una serie de trabajos puntuales para generar ingresos, es decir, reciben una paga por una tarea o servicio en particular, en lugar de recibir un ingreso garantizado.

Este reporte presenta una investigación hecha a través de una metodología mixta de encuestas y entrevistas en la CDMX para conocer las condiciones laborales de las personas repartidoras en plataformas digitales y sus necesidades al respecto de la regulación. Se levantaron más de mil encuestas a las personas repartidoras y un total de 30 entrevistas a personas repartidoras y propietarias de restaurantes o pequeños negocios.

El modelo de negocio de las empresas más grandes del sector gig corresponde a las microtransacciones, a través de las cuales pone en contacto a quienes consumen, quienes reparten y a los restaurantes, por medio de una plataforma que facilita la conexión e intercambio entre estas tres partes.

El mercado de consumidores potenciales en México para este sector es enorme.

A nivel nacional, existen alrededor de 6.8 millones de personas que realizaron al menos una compra de alimentos y bebidas por internet durante el último año, de las cuales casi 2 millones son de la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, el 28.8 % (INEGI, 2020). Sin embargo, los costos y beneficios de este sector no se reparten de manera equitativa. Aunque los restaurantes han aprovechado las plataformas de entrega para diversificarse en un contexto difícil de pandemia, los altos cargos que cobran las aplicaciones y la presión sobre su capacidad de producción han traído nuevos retos y recortan sus márgenes de ganancias.

Por otro lado, muchas personas que se quedaron sin empleo o redujeron sus ingresos por la COVID-19 han encontrado en este sector una fuente de ingresos que ha ayudado a profundizar la ya precaria situación del mercado laboral. Aunque las aplicaciones ofrecen flexibilidad y permiten elegir las horas de trabajo de cada persona repartidora, la falta de protección social y reconocimiento de derechos laborales hace que tengan horarios largos, un alto riesgo de sufrir accidentes y discriminación por parte de diferentes actores del entorno donde trabajan.

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