España es la única gran economía del euro que toma únicamente el Índice de Precios al Consumo (IPC) como referente para la revalorización de las pensiones públicas. Otros países como Francia, Italia, Alemania y Portugal sí consideran factores demográficos y de esperanza de vida además del IPC en la evolución de la retribución de los jubilados. Ante esta diferencia, Bruselas se inquieta y pone en duda la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a causa de la indexación a un IPC esperado del 6% por el Gobierno.

El Factor de Sostenibilidad introducido por el Partido Popular (PP) en la reforma de pensiones de 2013 pretendía actualizar la cuantía de las pensiones teniendo en cuenta los factores demográficos que paulatinamente van a presionar en mayor medida al sistema de la Seguridad Social, con un aumento progresivo de el número de pensionistas que se dan de alta con retribuciones más altas por sus carreras laborales. Esta medida iba en línea con otros países europeos: la comparativa más clara es Portugal, que incluye un factor de sostenibilidad con datos de esperanza de vida.

Pero esta medida se borró del mapa el año pasado, cuando en la nueva reforma de pensiones del titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que introdujo la revalorización inexorable de las pensiones públicas según la evolución de los precios a partir de este 2022.

Según cálculos de los Analistas Financieros Internacionales (AFI), el impacto de la reducción de la pensión pública para adaptarla a las obligaciones demográficas hubiera comenzado reduciendo un 0,57% la pensión pública en 2019, para alcanzar un 12% en 2040 y comerse una quinta parte de la paga a los jubilados a mitad de este siglo.

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