El sistema público de pensiones en España se basa en un esquema de reparto y solidaridad intergeneracional. Las cotizaciones de los trabajadores en activo sufragan las pensiones de los que se jubilan, atendiendo a un criterio de una relativa proporcionalidad entre lo que se ha aportado al sistema y lo que se asigna como punto de partida para el cobro de la pensión.

Sin embargo, existe un número de perceptores que no han sido cotizantes o contribuyentes con el sistema, lo que permite que mediante esta solidaridad determinados colectivos desfavorecidos puedan cubrir sus necesidades básicas. La evolución del dato de gasto público destinado al pago de pensiones es, a mi juicio, terriblemente preocupante. La cantidad destinada a las pensiones ha pasado de los 55.200 millones de 1999 a los 153.864 de la actualidad, habiéndose por tanto multiplicado por 3 en los últimos 20 años. Si hablamos de los ingresos del Estado, necesarios para atender dicha partida, han pasado de suponer el 30% de los ingresos tributarios al 47% en la actualidad.

Este problema se ve agravado por el envejecimiento poblacional, una cuestión que no va a mejorar a corto plazo. En 1950, la edad media de la población española se situaba en 27,5 años, en el año 2000 la misma era de 37,5 años y actualmente se encuentra en 45,5 años. Para 2050 se cree que la edad media de nuestra población alcanzará los 52,3 años.

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