Es bien sabido que la provisión pública de pensiones responde a un pacto intergeneracional construido sobre un sistema de reparto: las pensiones se financian con las cotizaciones aportadas por los afiliados del momento. De ese modo, la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende esencialmente de la relación entre pensionistas y cotizantes a la Seguridad Social y entre la pensión y la cotización medias.

Así pues, si de lo que se trata es de mejorar el escenario financiero del sistema, podemos ampliar recursos, reducir costes o ambas cosas. En realidad, sobre la evolución futura del sistema inciden diversos factores determinantes, como el comportamiento del empleo, los salarios y la productividad, la edad de jubilación efectiva, los cambios en la esperanza de vida, el saldo migratorio y la legislación que afecta a las bases y los tipos de cotización, las condiciones de acceso y el importe de la pensión. Sin embargo, ha sido el factor demográfico el que ha pagado los platos rotos y justificado un vigoroso afán reformador.

Ciertamente, Europa afronta un problema demográfico grave y España no es precisamente la excepción al proceso. El escenario es desfavorable a causa de nuestro particular baby boom de la década de 1960 y las proyecciones apuntan que, en poco más de 20 años, una cuarta parte de la población superará la edad de jubilación. Es un argumento suficiente para emprender mejoras que garanticen el equilibrio futuro del sistema. Pero, como es habitual por estos lares, acometemos las reformas tarde, de formada sesgada y a la brava.

La arquitectura de las reformas de 2011 y 2013, en plena crisis financiera, dirigió toda la atención al ámbito del gasto y apuntaló la viabilidad sobre dos pilares fundamentales: limitar la evolución de las pensiones actuales y reducir la generosidad de las pensiones futuras. El objetivo final fue garantizar el equilibrio en el punto álgido del acceso a la jubilación de losbabyboomers y estabilizar su evolución con relación al PIB.

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