Uno de los objetivos de la reforma de pensiones era impulsar el ahorro a largo plazo como complemento para la pensión. Pero los datos demuestran que tal meta está muy lejos de alcanzarse. Es más, el cobro de una prestación tras el retiro está fiado prácticamente en España al sistema público, el que abona la Seguridad Social y que se nutre de las cotizaciones sociales de los trabajadores.

Tanto es así que el patrimonio depositado en fondos de pensiones es del 8,4% del PIB, un porcentaje ridículo si se compara con el 87,1% promedio de los países de la OCDE. Una brecha inmensa que la última reforma de pensiones se ha encargado de ensanchar. Ello debido al error de rebajar sucesivamente los límites de deducciones fiscales (de 8.000 a 1.500 euros) en los planes individuales de pensiones, que son los más comunes, para apostar por los planes colectivos, o de empleo.

Es cierto que estos últimos han logrado un notable impulso, con casi 600.000 nuevos trabajadores en el primer semestre del año. Pero su crecimiento está lastrado por los bajos salarios y los plazos para su desarrollo. Además, el alza es a todas luces insuficiente para compensar la salida de patrimonio que muestran los individuales, con 7,3 millones de partícipes, al restarles atractivo fiscal.

Por dicho motivo, estos últimos cuentan con un saldo de 84.000 millones, lo que supone un ahorro medio por cabeza de 11.500 euros. Esta cantidad ni siquiera es capaz de cubrir un año de pensión media en España (17.600 euros), lo que confirma el claro fracaso de la reforma a la hora de alcanzar el objetivo que el Gobierno se marcó al aprobarla de quintuplicar el ahorro a largo plazo hasta los 500.000 millones.

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