La Seguridad Social acumula déficits desde el año 2010 y el compromiso del Gobierno es alcanzar el equilibrio en 2026. No obstante, por el momento lo que ha habido es un aumento del desequilibrio entre 2022 y 2023 y es ligeramente superior al previsto. Según los datos de avance de la ejecución presupuestaria presentados este jueves por el Ministerio de Hacienda, el déficit del subsector de la Seguridad Social ha ascendido hasta los 8.211 millones, el 0,56% del PIB. Esto supone 2.315 millones más que el año anterior (que cerró con un déficit del 0,44%) y una desviación del objetivo de unas centésimas respecto a lo comprometido con Bruselas en el Plan Presupuestario.

El desequilibrio ha aumentado porque los gastos han crecido más que los ingresos. Los primeros han aumentado un 9,3% (19.371 millones) y los segundos un 10,1% (21.686 millones). En total, los gastos de la Seguridad Social ascendieron en 2023 a 236.131 millones, mientras que los ingresos solo llegaron hasta los 227.920. Que el déficit de la Seguridad Social haya aumentado en el primer año de aplicación plena de la reforma de las pensiones resulta paradójico, ya que busca dar más sostenibilidad al sistema, pero son varios los motivos que explican el deterioro.

Según señala Hacienda, el aumento del gasto se debe a “numerosas disposiciones”. La más importante es la revalorización del 8,5% de las pensiones contributivas, consecuencia de la elevada inflación del año anterior y en cumplimiento de la indexación con el IPC que establece la última reforma de las pensiones. A esto se suma la revalorización del 15% de las prestaciones no contributivas, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), algo que se hizo para “no dejar a nadie atrás”, recuerda el ministerio. Solo el pago del conjunto de prestaciones sociales ascendió al 15% del PIB en 2023, dos décimas más que en 2022.

Por el lado de los ingresos también ha habido un notable crecimiento. Las cotizaciones sociales han aumentado un 9,9% y suponen el 12,77% del PIB. Esto se debe tanto a la mejora del empleo, con récord de personas trabajando desde 2008, y a salarios más elevados, pero también a la elevación de las bases máximas de cotización y a la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), herarmientas contempladas en la reforma de las pensiones para aumentar los ingresos del sistema.

Más allá de los ingresos derivados del propio funcionamiento del sistema de la Seguridad Social, en 2023 ha habido transferencias del Estado para que se puedan pagar las pensiones, como en años anteriores, pero que no han logrado aliviar el déficit. El Estado ha tenido que aportar 39.398 millones en 2023, el 17,3% de los ingresos, para cubrir gastos. Según los Presupuestos, unos 19.888 millones de ese total son transferencias para cubrir los conocidos como gastos impropios (complementos de pensiones, entre otros) y otros 18.834 restantes son transferencias finalistas para pagar pensiones no contributivas y el IMV.

Estas transferencias constituyen en última instancia una financiación mediante impuestos muy discutida, ya que algunos economistas y centros de estudios (Funcas y Fedea) consideran que parte de los conceptos incluidos en gastos impropios no son tales.

Por otra parte, también ha habido un nuevo préstamo para cubrir el déficit por importe de 10.000 millones de euros y sin intereses. Esto ha provocado que la deuda de la Seguridad Social con el Estado ascienda a 116.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. Teniendo en cuenta que el sistema de la Seguridad Social es deficitario, Fedea ha criticado que se destinen los ingresos del MEI a llenar de nuevo la hucha de las pensiones (Fondo de Reserva). “No hay un excedente real que se pueda ingresar en el Fondo de Reserva. De hecho, lo que estamos haciendo es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo”, señala en el documento Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada.

Según los datos aportados por la ministra Elma Saiz durante su comparecencia en el Congreso en enero, el Fondo de Reserva acumula ya unos 5.500 milllones de euros. Este sistema está pensado para que sirva de apoyo a la Seguridad Social en momentos de tensión y está previsto que alcance los 9.000 millones en 2024 y los 25.000 millones al final de la legislatura. El fondo llegó a un máximo de 66.815 millones en 2011 y cayó a su mínimo en 2020, con 2.138 millones.

La previsión del Gobierno según la senda de estabilidad que presentó el pasado mes de diciembre es que la Seguridad Social reduzca notablemente el déficit, pasando a un 0,2% en 2024, a un 0,1% en 2025 y al equilibrio en 2026. Este ajuste se tendrá que llevar a cabo en un contexto en el que se prevé que los ingresos por cotizaciones sociales aumenten menos que en los dos años anteriores, aunque las pensiones también se han revalorizado en 2024 una cuantía muy inferior a la de 2023, un 3,8% las contributivas y un 6,9% las no contributivas.

Al final, el informe que publicará la Comisión Europea esta primavera sobre envejecimiento será el que realmente determine si España tiene un desvío preocupante en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Aunque no es vinculante en sí mismo, la AIReF usará esos datos para calcular en 2025 si España tiene un exceso de gasto en pensiones y activar en ese caso las vías de ajuste previstas en la reforma.

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