Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se la juegan hoy en el Congreso de los Diputados. Los partidos debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular, Ciudadanos, PDeCat y ERC y será mañana cuando se voten en un ambiente de división de las fuerzas constitucionalistas tras la fallida negociación entre La Moncloa y el Govern y la amenaza de elecciones generales en primavera. Un pulso que deja a los 84 diputados socialistas en una posición muy debilitada para lograr el apoyo a las cuentas del Ejecutivo para este año.

Una década después del arranque de la crisis económica en España las cuentas públicas han pasado por cinco años de contracción y otros tantos de recuperación paulatina. La evolución de las partidas del gasto público ha tenido un comportamiento desigual pero entre todas ellas destaca la más cuantiosa: el pago de las pensiones. Desde 2008 el capítulo destinado a abonar las pensiones se ha incrementado en un 57%, hasta los 153.864 millones de euros reflejados en el proyecto de Presupuestos para este año. Es decir, más de uno de cada tres euros del gasto público se destina a pensiones.

Detrás de este fuerte repunte está el efecto sustitución –las nuevas pensiones que entran en el sistema son mucho más elevadas que las que salen– y el envejecimiento de la población. A ello se suma el incremento provocado por la revalorización de las pensiones: hasta 2014 su subida estaba ligada al IPC interanual de noviembre. Si bien, las prestaciones mínimas y no contributivas fueron las más beneficiadas por la política del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero a partir de ese año el Gobierno de Mariano Rajoy activó el factor de revalorización de las pensiones que implicó que se elevaran solo un 0,25% anual hasta 2018, ejercicio en el que subieron un 1,6% gracias al acuerdo presupuestario con PNV.

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