La primera fase de la reforma de pensiones entró en vigor el pasado 1 de enero. Entre varias cuestiones, se incluía un nuevo esquema de penalizaciones para las jubilaciones anticipadas voluntarias y forzosas.

Este nuevo diseño, impulsado por el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, aplica dos novedades.

La primera es que los recortes pasan a aplicarse por cada mes de adelanto de la jubilación, en lugar de cada trimestre; y ahora son graduales en el tiempo, de forma que el retiro justo 24 meses antes de la edad de jubilación que corresponda a cada uno tiene un coeficiente penalizador mayor que si esa fecha se va acercando mes a mes al momento del retiro legal ordinario.

Con un ejemplo se entiende mejor. Una persona que hubiera cotizado menos de 38 años y seis meses y se quisiera jubilar anticipadamente de manera voluntaria justo dos años antes de la edad ordinaria que le corresponde, esos 24 meses de adelanto le reportarían ahora un coeficiente penalizador del 21%; es decir, se le recortaría la pensión a la que tuviera derecho en ese porcentaje.

Si ese trabajador esperara a jubilarse un mes más, es decir 23 meses antes de lo que le toca, ese recorte pasaría a ser del 17,60%. Si esperara dos, es decir 22 meses de adelanto, la penalización sería del 14,67%, y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, si la jubilación se produce sólo un año antes se le penaliza con un recorte de la pensión del 5,5%.

La intención es retrasar los retiros anticipados para mejorar la financiación del sistema de pensiones, porque con ello los trabajadores cotizan más meses y cobran algo menos de tiempo la pensión.

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