Tras más de dos años de trabajos, el Pacto de Toledo ha dado por rotas este martes las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban prácticamente acordadas y que debían servir para orientar en los próximos cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

Estas son las recomendaciones más destacadas que finalmente se quedan en el limbot

Revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual).

Déficit de la Seguridad Social: Acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficit de los regímenes especiales.

Separación de fuentes de financiación: El Estado abonará con transferencias directas los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones como maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales.

Aportación del SEPE: Estudiar la conveniencia de redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE (Servicio Público de Empleo).

Deuda histórica: Resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.

Período de cálculo: Se amplía más allá de los 25 años a los que se llegará en 2022, llegando incluso a toda la vida laboral, y permitiendo escoger los años más favorables en casos de largas carreras de cotización.

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