Por Beatriz Torija

Esperemos que los cuchillos no vuelen en la mesa del diálogo social en la que Gobierno, patronal y sindicatos están negociando la reforma de las pensiones. Lo que sí es seguro es que están encontrando alguna piedra en el camino que dificulta la negociación. Y una de ellas ha sido, sin duda, la jubilación forzosa. El Gobierno pretendía eliminarla, pero tanto sindicatos como, especialmente la CEOE, se oponen.

Pero el asunto es prioritario y, de hecho, en el calendario de reformas previstas para ir aplicando de forma gradual hasta 2023, los cambios para la jubilación forzosa aparecen entre los más inmediatos, para aplicar antes de final de año, como se desprende del borrador de acuerdo en materia de pensiones remitido por el Gobierno a sindicatos y empresarios.

Hasta tal punto este elemento se ha convertido en un escollo para que la negociación avance, que el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha reconocido haber cedido ante la posibilidad de que los convenios colectivos puedan seguir incluyendo esta figura, pero, eso sí, con una ampliación de la edad a la que una empresa puede obligar a jubilarse a una persona. “Lo que hemos admitido en la negociación es que la jubilación forzosa se mantenga a los 68 años, que es el modelo francés, en lugar de a los 65”.

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