Desde que la Seguridad Social comenzase a sufrir los primeros desequilibrios financieros de cierta importancia en la década de los años 90, el Estado se ha dispuesto como una suerte de red de salvación para sostener al organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. Lo ha hecho mediante inyecciones de capital para sufragar los picos de gasto que afronta la Seguridad Social, sobre todo a la hora de abonar la paga extra de las pensiones en los meses de junio y de diciembre, además de cubrir las necesidades del Sistema en periodos de crisis económica, pérdida de empleo y desplome de los ingresos.

En este sentido, las transferencias alcanzaron los 17.168 millones de euros entre 1992 y 1999, los 10.192 millones de euros en 2017, y otros 13.839 millones para cada uno de los años 2018 y 2019. En suma, más de 55.000 millones de euros que el Estado ha venido liberando en concepto de transferencias procedentes del Presupuesto General, o lo que es lo mismo, de la recaudación tributaria. Más de 38.000 millones en tres años Este mismo mes de junio, la Seguridad Social ha tenido que hacer uso del crédito del Estado extendido en prórroga presupuestaria para afrontar la paga extra de los pensionistas, así como la devolución del IRPF de estas prestaciones, además de la nómina mensual.

En suma, el Gobierno afrontó solo este pasado mes de junio un desembolso de 28.644 millones de euros, para lo que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, confirmó que dispondría de 7.500 millones de dicho crédito que tiene concedido a la Tesorería General de la Seguridad Social. Así, con esta disposición y la que se efectúe en diciembre, de algo más de 6.000 millones, el Estado habrá extendido préstamos por valor de 38.000 millones de euros para pagar pensiones solo en los últimos tres años. Concretamente, las partidas del desembolso extraordinario en estos meses de tensionamiento extraordinario -cuando se echa mano de los fondos adicionales- se dividen, por ejemplo, en el caso del pasado mes de junio, en 9.644,34 millones de euros correspondientes a la nómina mensual, lo que además supone un incremento interanual del 5,1 por ciento; otros 9.000 millones de euros por la paga extra y cerca de 10.000 millones más en concepto de devoluciones de IRPF. De este modo, la nómina de la extra marca un récord histórico, con un coste superior a los 19.000 millones.

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