Durante los últimos cinco años han menudeado las advertencias preocupadas de las organizaciones nacionales e internacionales sobre el sistema de pensiones en España. La financiación del sistema se enfrenta a dos graves problemas difíciles de afrontar sin una reforma profunda de ingresos y gastos. Por una parte, el empleo precario no puede pagar las prestaciones de 8,3 millones de pensionistas, de forma que el Gobierno ha recurrido al Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones). Pero la hucha está prácticamente vacía. Después de las últimas extracciones apenas quedan 8.000 millones de los 66.000 millones iniciales; el dinero necesario para una sola paga extra más. Después, habrá que recurrir a pagar pensiones con deuda.

El segundo problema es que incluso en buenas condiciones de empleo hay una presión continua e imparable en el sistema social a aumentar el gasto en pensiones. Las nuevas prestaciones, las que entran en el sistema, son siempre más elevadas que las anteriores, las que desaparecen del sistema. Y el envejecimiento de la población —la OCDE acaba de advertir de que el año 2050 habrá 76 jubilados por cada 100 trabajadores, frente a una proporción actual de 30 a 100— aumenta sin parar el volumen de gasto, porque el aumento de la esperanza de vida amplía el periodo de percepción.

La situación es, sin exageraciones, crítica. Y no porque no vayan a pagarse las pensiones —eso no sucederá, pero sí existe el riesgo de recortar la prestación— sino porque este es el momento para tomar decisiones si se quiere que la obligada reforma del sistema se produzca sin recortes. Sin embargo, a pesar de la premura de tiempo, de la inquietud de los pensionistas (sobre todo de los que se incorporarán al régimen a partir de 2018) y del daño que causa al conjunto de la economía el recurso a la deuda, el Gobierno y el Parlamento están actuando con una frivolidad exasperante. Tanto la comisión parlamentaria —que debía haber entregado las recomendaciones de reforma antes del verano— como la mesa del Ministerio de Empleo con los agentes sociales están incumpliendo sus compromisos y aplazando las soluciones. Mientras la hucha (símbolo de la crisis de financiación) se vacía, la ministra de Empleo sigue asegurando que no pasa nada.

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