El Gobierno en funciones quiere blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y, además, garantizar la revalorización de las prestaciones según el IPC de cada año. Para ello, ha incluido entre sus 370 propuestas para negociar la investidura con Podemos, su intención de eliminar las dos medidas aprobadas en 2013 por el Gobierno del PP para contener el crecimiento del gasto en pensiones: el índice de revalorización (IRP) que obligaba a una actualización de solo el 0,25% de las prestaciones siempre que la Seguridad Social tuviera déficit; y el factor de sostenibilidad, que introducía pequeños recortes en las nuevas pensiones vinculados al aumento de la esperanza de vida.

Según coinciden la inmensa mayoría de los expertos, ambos factores hubieran sido suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social aún con la avalancha de jubilados nacidos en el baby boom, que empezarán a llegar al sistema a mediados de la próxima década. Si bien, esta misma mayoría de especialistas, entre los que están los propios técnicos del Banco de España, admiten que, limitar la revalorización de las pensiones al 0,25% provocaría la pérdida de hasta un 30% del poder adquisitivo de las prestaciones de jubilación a lo largo de la vida del pensionista.

Esto generaría un problema de suficiencia de las pensiones que se traduciría en un empobrecimiento de los jubilados y, por ende, en un problema social. Sin embargo, entre una vuelta a esta vinculación automática entre cuantía de las pensiones y la evolución de los precios y el citado factor conocido como “el 0,25%” puede haber otras soluciones intermedias para contener el gasto.

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