Hace 27 años, en 1992, nuestro sistema de pensiones tuvo que ser reformado de forma radical ante las deficiencias del sistema nacional previsional. Se permitió así la participación (en competencia paralela) de la empresa privada en la administración de las prestaciones de invalidez, jubilación y sobrevivientes mediante organismos denominados AFP.

Si bien el Estado supervisó su funcionamiento por medio de la antes Superintendencia de AFP, cuyas funciones después asumiría la Superintendencia de Banca, Seguros u AFP (SBS) en el 2000, las cosas no han mejorado del todo.

Esta reforma, que en puridad era una copia casi completa del modelo chileno aplicado a partir de 1980, con base en el sistema de capitalización obligatoria proyectado por José Piñera, se hacía necesaria (en el papel) ante la situación deficitaria y caótica por la cual atravesaba el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), entonces administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).

Hoy, 2019, se postula nuevamente que nuestro sistema de pensiones tenga que ser reformado de forma radical, ante las deficiencias del sistema nacional y del privado también.

Parece un dejà vu en lo previsional. Es decir, que casi 30 años después de la reforma, sigue sin funcionar adecuadamente el modelo alternativo, que permite (en teoría) competir al sistema privado y público de pensiones, principalmente por las siguientes razones que a continuarán se expondrán:

I. La informalidad laboral. En el Perú tenemos unos 32 millones de habitantes; de estos, unos 17 millones forman parte de la población económicamente activa (PEA: personas en capacidad de laborar); sin embargo, un 70% carece de protección, pues, al no contar con un contrato de trabajo, tampoco accederán a las prestaciones previsionales de salud y pensiones.

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