Por Roxana Maurizio 

A un año y medio de iniciada la pandemia por COVID-19 la crisis económica, laboral, sanitaria y social
ha exacerbado los importantes déficits de trabajo decente y los elevados niveles de desigualdad
preexistentes en América Latina y el Caribe. La región es una de las más afectadas a nivel mundial. Ello
se ha manifestado a través de reducciones inéditas en el nivel de actividad económica y en el empleo, en
un fuerte deterioro del aparato productivo y cierre de empresas, en contracciones significativas en los
ingresos medios y en aumentos en la desigualdad y la pobreza. Las mujeres, los jóvenes, los migrantes,
las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores de menores calificaciones han experimentado
con mayor intensidad los efectos de esta crisis. A diferencia de crisis previas, la tasa de informalidad se
redujo en el período más crítico. Sin embargo, en 2021 son las ocupaciones informales las que están
liderando la recuperación parcial del empleo. La estrecha vinculación entre informalidad laboral, bajos
ingresos y desigualdad se ha hecho aún más evidente en este contexto. Frente a este escenario, la
región requiere adoptar una agenda de políticas integrales, consensuadas y de gran alcance, centrada
en las personas, que apuntale la creación de más puestos de trabajo formales, que proteja a las micro
y pequeñas empresas y que otorgue sostén de ingresos a los trabajadores y familias en condiciones de
vulnerabilidad. De lo contrario los impactos de la crisis se prolongarán y dejarán profundas cicatrices
sociales y laborales por largo plazo en la región.

Fuente: Organización Internacional del Trabajo