No estaba en ni una sola quiniela. Es la única nueva adquisición entre los grandes ministerios económicos, que salvo por ella continuarán dirigidos por los mismos ministros de la legislatura anterior. Pero ser la recién llegada y no tener experiencia en pensiones no eximirá a Elma Saiz de tener que defender la reforma de las pensiones diseñada por Escrivá, ni tampoco de efectuar el traspaso de su gestión al País Vasco, y posiblemente también a otras autonomías.

Durante esta, la XV legislatura del país, Yolanda Díaz seguirá al frente de Trabajo; María Jesús Montero, de Hacienda y Función Pública; Nadia Calviño continuará encabezando Asuntos Económicos -que suma las carteras de Comercio y Empresa, antes en Industria- y Transformación Digital, que sale de Economía para ser un ministerio independiente, tendrá al ya exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a la cabeza. El secreto a voces es que este sea tan solo un paso intermedio, y que Escrivá pase a ser ministro de Economía si Calviño es elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en diciembre.

El plantel de ministros económicos será continuista, salvo por algunos cambios en carteras menores: Isabel Rodríguez deja el Ministerio de Política Territorial para ser la titular de Vivienda, cartera que se separa de Transportes y Movilidad, ahora liderada por el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, en sustitución de Raquel Sánchez. Planas continúa como ministro de Agricultura, pero en Industria sale Héctor Gómez y entra el excalcalde de Barcelona Jordi Hereu. Y Consumo deja de ser un ministerio en sí mismo y se integra en Derechos Sociales y Agenda 2030, a cargo de Pablo Bustinduy, el único ministro de Sumar que ostentará una cartera más o menos económica junto con Yolanda Díaz.

Elma Saiz será la titular de Seguridad Social a propuesta de María Chivite, la presidenta de Navarra. La experta en fiscalidad y economía no tiene experiencia en temas de pensiones, pero es una persona de la máxima confianza del partido y cumple con la pretensión de dar al Consejo de Ministros un tinte más político. Pedro Sánchez la arropó en el acto de presentación de su candidatura a la alcaldía de Pamplona el pasado mes de abril, cuando dejó su cargo de consejera de Economía de Navarra, y antes había dirigido el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia y sido delegada del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.

Su currículum es bien breve. Es licenciada en Derecho, y tiene un máster en Asesoría Fiscal, habla poco inglés y bien francés, y su trayectoria en el sector privado es prácticamente desconocida. En la biografía de Saiz que ha distribuido el Gobierno no aparece ningún puesto fuera de lo público, y en el que aparece en la web del Ejecutivo navarro solo se menciona que empezó a trabajar en 1999 en una consultoría jurídica llamada IMEL, como socia directora, y que colaboró con un máster de Derecho de Empresa y con otro de Asesoría Fiscal en la Universidad de Navarra.

Es una carrera que contrasta con la de Escrivá, su antecesor, que fue escogido por su fuerte perfil técnico tras haber dirigido la Autoridad Fiscal y también el servicio de Estudios del BBVA y la división de política monetaria del Banco Central Europeo.

La evaluación de la reforma de pensiones llegará en 2025

El perfil bajo de Saiz podría tener sentido teniendo en cuenta que la reforma de las pensiones ya la ha diseñado, aprobado e implementado su antecesor. Con todo, la nueva ministra sí deberá enfrentarse a las constantes evaluaciones de la reforma que el propio Gobierno aceptó que realizase la Autoridad Fiscal, y que comenzarán en 2025. Ese año será el primero en el que podría activarse el mecanismo corrector del gasto que contempla la ley aprobada este año, la famosa cláusula de salvaguarda que prevé subir aún más las cotizaciones sociales a los trabajadores si las medidas planteadas no son suficientes para compensar el aumento del gasto previsto.

Como ya explicó este medio la semana pasada, la propia Comisión Europea se acaba de sumar a la AIReF y al Banco de España al considerar las proyecciones de Seguridad Social como demasiado optimistas. En este caso las previsiones económicas forman una parte muy importante de la reforma de pensiones, puesto que el avance de los ingresos irá ligado al del empleo, y este al del crecimiento económico.

Hoy por hoy, el Ministerio prevé que la tasa de se reduzca hasta el 5,5% de aquí a 2050, cuando se espera que se haya jubilado toda la generación del baby boom -la más ancha de toda la historia de España-, mientras que la Comisión espera que sea del 6,4%, y estas diferencias también son importantes a lo largo del resto del horizonte. Lo mismo sucede con las estimaciones de PIB: el Gobierno espera un crecimiento de alrededor del 5% anual de aquí a 2030 y la Comisión espera un 0,8%, y en 2050 el Ejecutivo espera un avance del 3,5% y la Comisión del 1,3%.

El traspaso de la gestión al País Vasco

Otra patata caliente que asume Saiz será el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, como el PSOE y el PNV han pactado en su acuerdo para la investidura de Sánchez. Hoy por hoy, el PNV ha sido el único partido que ha conseguido que el presidente acceda, a cambio de los votos de sus cinco diputados en el Congreso, a algo que también reclamaban Junts y ERC en sus programas políticos. Algo que presumiblemente reclamarán también a lo largo de los próximos años, aunque es imposible predecir qué importancia le darán ni cuándo llevarán el tema a la palestra.

Las formaciones nacionalistas catalanas aspiraban a dar un primer paso para “impulsar un sistema propio de pensiones” con la creación de la Agencia de la Seguridad Social Catalana. De hecho, así es como consta en el texto que a principios de noviembre ERC y Junts registraron en el Parlamento regional, como parte de las conclusiones de la comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado.

Por el momento, el acuerdo de Sánchez y el PNV implica el traspaso de tan solo el régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo máximo de dos años. El PNV siempre ha defendido que debe asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tal y como viene reconocido en el punto 18.2 del Estatuto de Gernika.

Pero el miedo de la oposición tiene que ver con que este podría ser el primer paso para que finalmente Euskadi asuma al completo las competencias de la Seguridad Social en su territorio, lo que daría la posibilidad de romper la caja única -el fondo al que van cotizaciones de los trabajadores y que después se utiliza para pagar las pensiones de todo el país- y a establecer unas pensiones con unas cuantías diferentes, y posiblemente financiadas con sus propios impuestos. Además, en total son diez los estatutos de autonomía que recogen la gestión de la Seguridad Social, lo que abre la puerta a una avalancha de reivindicaciones tras el traspaso prometido al País Vasco.

Por otro lado, hay que recordar que Escrivá no dejará del todo las pensiones en manos de Saiz, puesto que, si se cumple lo que hoy parece evidente, en unos meses asumirá la cartera de Asuntos Económicos -bien porque Nadia Calviño marche como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), bien porque termine en el Fondo Monetario Internacional (FMI)-. Y desde allí bien podría controlar, aunque en la sombra, todas las políticas que se tomen en materia de pensiones, al tratarse del mayor de todos los ministerios económicos.

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