El sistema pensional colombiano: dónde estamos y cuáles son sus desafíos
El envejecimiento de la población es un asunto de interés mundial que se expresa en el aumento de la proporción de personas mayores de 60 años.
Los países avanzan a ritmos diferentes, dependiendo de la combinación entre niveles de mortalidad y fecundidad, que van cambiando la composición por edades y aumentando la esperanza de vida.
Para el año 2050 se espera que el 24,3 % de la población en América Latina y el Caribe sea anciana, es decir, más de 180 millones de personas (cerca del doble de lo actual).
Este proceso de envejecimiento demográfico tiene repercusiones sociales, económicas y culturales, y plantea el reto de garantizar la calidad de vida de la población mayor actual y futura, lo cual pone en duda la suficiencia y sostenibilidad de los sistemas de protección social.
Entre ellos se destaca el sistema pensional, que aspira a garantizar la seguridad económica de la población a lo largo de su vida y facilitar las transferencias inter e intrageneracional mediante una fuente de financiamiento solidario que asegure un ingreso y evite la pobreza en la vejez.
La situación del sistema pensional colombiano ha sido un tema central del debate público en los últimos años, y las razones no faltan, porque a pesar del proceso de envejecimiento incipiente, este avanza con rapidez. Según el último censo, existen 58 adultos mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, duplicando el valor de este indicador con relación al censo de 2005.
A este cambio demográfico se suma el hecho de que 8 de cada 10 colombianos mayores de 60 años no tienen acceso a una pensión de vejez, de modo que deben seguir trabajando en condiciones de informalidad o precariedad.
Por eso importa ampliar el debate sobre el tema y sus posibles soluciones. La mirada demográfica y comparada entre países es uno de esos aportes, ya que permite ubicar a Colombia en el contexto regional y mundial, y da luces para identificar los retos que tenemos.
La perspectiva demográfica y laboral
Las claves demográficas y laborales en materia de pensiones se pueden resumir en tres puntos:
La presión para la sostenibilidad financiera del sistema causada por el aumento de la población mayor de 60 años y el aumento de su longevidad.
La disponibilidad de recursos para cubrir las pensiones, que depende de las posibilidades de afiliación y contribución a lo largo de la vida de cada persona, y de las condiciones del mercado laboral, que a su vez se relaciona con el número de personas en edad de trabajar en los distintos momentos históricos.
Las grandes desigualdades en materia de ingreso y acceso a pensión que acumulan desventajas a lo largo de la vida, en especial para las mujeres, las comunidades étnicas y la población rural, lo cual hace necesario reconocer las particularidades de esas poblaciones en el diseño de los sistemas pensionales.
Todos estos elementos se insertan en diseños específicos de los sistemas fiscales y de reforma a los regímenes de pensiones para enfrentar los problemas actuales y prevenir los futuros escenarios de desprotección social.
Colombia, Chile y España
Dado que el conjunto de elementos mencionados se produce de manera diferenciada según el contexto geográfico y social, ubicar la situación colombiana permite identificar similitudes y diferencias en los retos para avanzar en dirección de la igualdad y la solidaridad intergeneracional.
Por eso compararemos brevemente la situación de Colombia con las de Chile y España, que contrastan por diferentes motivos.
En términos demográficos, Colombia no se encuentra todavía en escenario de alto envejecimiento, aunque el aumento de la población mayor es acelerado. En la actualidad nos encontramos en pleno “bono demográfico”, entendido como el momento cuando hay más población en edades laborales que en edades dependientes (infancia y tercera edad).
Ese bono demográfico es una oportunidad de crecimiento como sociedad y de cotización de las actuales generaciones jóvenes y adultas, para garantizar su bienestar en la vejez, ya que en el futuro ejercerán una presión importante sobre el sistema pensional.
Pero la informalidad masiva que afecta la trayectoria laboral de la población no se tuvo en cuenta al diseñar el sistema colombiano, que se basa en la coexistencia y competencia entre el régimen de ahorro individual y el de prima media, pensados ambos para un mercado laboral formal. Por eso se estima que, de mantenerse el sistema actual, en el año 2050 el 66,9 % d los 14,2 millones de adultos mayores de 60 años no tendrían pensión.
En el caso de Chile, se observan ciertas similitudes en cuanto al mercado laboral, con un proceso de envejecimiento más acelerado y diferencias notables en el diseño del sistema de protección social, que se reformó en el año 2008 y estableció la pensión solidaria no contributiva.
Este sistema combina un pilar solidario, financiado a través de los impuestos, con un pilar financiado por cotizaciones de cada persona en sus cuentas individuales. Esta combinación ayuda a aliviar la pobreza en la vejez, mejora los seguros de longevidad e invalidez, aumenta el ahorro y la cobertura, y disminuye la brecha de género en el acceso a la pensión.
Como resultado, en Chile el 90% de las personas mayores de 65 años están cubiertas por algún tipo de pensión, mediante la Ley de Pensión Garantizada Universal, siendo la más alta cobertura de América Latina.
El caso español, por su parte, difiere en todos los sentidos, al tener un proceso de envejecimiento mucho más acelerado y condiciones más favorables en el mercado laboral formal y de protección social. En este contexto, las inquietudes giran en torno a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones basados en la solidaridad intergeneracional.
Por eso el debate actual en España gira en torno a la adecuación de periodos de trabajo y jubilación en función de los aumentos de la esperanza de vida, de una manera equitativa según el tipo de trabajo y el esfuerzo realizado por cada generación, con independencia del tamaño de la población.
Así, la sostenibilidad futura exige aumentos en la productividad de la economía y cambios en la provisión económica del sistema de reparto, con el fin de preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema de pensiones y en la solidaridad intergeneracional.
El desafío colombiano
Analizando casos como el chileno y el español, es evidente que en Colombia el problema pensional actual no se basa en el envejecimiento poblacional observado.
Colombia en cambio tiene grandes retos en relación con las personas mayores que no tuvieron acceso a educación y trabajo, y en consecuencia no cotizaron par su pensión; y tiene además el reto frente a las futuras generaciones que siguen reproduciendo estas desigualdades.
Lo anterior implica que debemos ofrecer amplio acceso a los sistemas de educación y trabajo en condiciones que superen la precariedad y la informalidad, como un mecanismo de preparación para el envejecimiento futuro.
Pero más urgentes todavía resultan las acciones para manejar mejor los recursos de los dos sistemas pensionales (Prima Media y Ahorro Individual), que es la causa principal del problema fiscal que ya tenemos y tenderá a agravarse con el envejecimiento.
Asimismo, se necesita una mejor calidad de datos demográficos para el diseño y seguimiento de las políticas. También será preciso coordinar mejor los sectores públicos y privados que producen y gestionan información demográfica para complementar la interpretación exclusivamente económica que se le ha dado a este fenómeno.
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