No hay una justicia “distributiva” en el pago del incremento del 30% de las pensiones con la nueva ley, afirma el economista Rafael Lemus. Personas que trabajan por cuenta propia, que no pueden aspirar a una pensión, cargarán con sus impuestos parte del costo.

Tuvieron el tiempo suficiente y la correlación legislativa para hacer una verdadera reforma integral para las pensiones que hiciera justicia con las personas que aportan con sus impuestos el pago de las mismas y que ahora con el aumento del 30% tendrán que cargar más con ese peso sin esperanza de llegar a tener una pensión para su vejez.

Así reclamó la diputada, Anabel Belloso, del FMLN, el martes 20 de diciembre en que la Asamblea aprobó la nueva “Ley Integral de Pensiones”, una normativa que le sale debiendo por mucho a los trabajadores del sector informal, siendo esta una de las deficiencias más notorias del sistema vigente y que arrastra también la nueva ley que el gobierno impulsó en la Asamblea.

La parte humana de ese enorme vacío que deja la ley la develó la diputada Belloso, pero el economista Rafael Lemus pone las cartas sobre la mesa con números, sobre el costo que implica para los trabajadores por cuenta propia tener que pagar con sus impuestos parte del aumento que ahora recibirán los “más privilegiados” del sistema antiguo que no aportan nada y que aún así recibirán incremento.

“Este grupo es señalado por tener tasas de reemplazo (pensión/último salario) arriba del 60% y en algunos casos de hasta el 100%. Por ello, no constituyen un problema generalizado de bajas pensiones, sino todo lo contrario”, dice Lemus.

Además, el costo a futuro que tendrá en los jóvenes que con sus cotizaciones financiarán ese aumento. “La reforma por su diseño genera injusticias en la distribución entre asalariados”, ahondó.

En resumen, dice el experto, las reformas a las pensiones traen consigo un supuesto beneficio que contrapuesto con las desventajas, el resultado es más negativo que positivo.

Además, analiza que la Constitución establece para el pago de pensiones un esquema tripartito, es decir, con aportes de los trabajadores, empleadores y el gobierno.

“Pero en la reforma, el gobierno reduce sus gastos y pasa factura a los cotizantes de las AFP. Y por otra parte, no asume incrementos de nada de aportes”, criticó Lemus.

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