La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, invalidó el día 26 de julio las reformasque los diputados hicieron a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones para pasar de 45% a 50% la capacidad de préstamo al gobierno para el pago de los CIP, según ellos, por considerar que se pone en riesgo el dinero de los cotizantes al subir el techo del FOP del 45 al 50 por ciento. Esto por supuesto es un pedido de los dueños de las AFP a través de sus presta nombres para presentar los pedidos de inconstitucionalidades que les conviene a sus intereses económicos.

Lo que significa que con dicha sentencia emitida de manera exprés, el Gobierno no va a poder utilizar cerca de 500 millones de dólares para saldar pagos con los jubilados y que están próximos a vencer, es decir la Sala está matando en vida a los jubilados ya que con la privatización de las pensiones se dio el Robo del Siglo de las cotizaciones a los trabajadores.

En la sentencia se expone que el establecimiento de un límite máximo del 45% de la inversión de los fondos de pensiones en Certificados de Inversión Provisional (CIP) es constitucional, ya que si bien restringe el ámbito y las posibilidades de ejercicio de la libertad de contratación, permite el financiamiento de las pensiones del Sistema de Pensiones Público y deja un margen de acción a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para procurar una inversión más rentable del resto de ahorros previsionales que administran y gestionan, es decir, el 55% restante.

Estos señores olvidan que las AFP ofrecieron mejorar pensiones de los trabajadores y una mayor cobertura lo cual no resultó cierto, este sistema ha colapsado, ya ha fracasado como en otros países, por lo que se hace necesario hacer una reforma profunda que mejore la rentabilidad, la cobertura y evite el endeudamiento del Gobierno.

La finalidad de la reforma aprobada la semana pasada y sancionada hace 24 horas antes de conocer la sentencia de la Sala, es que el gobierno tenga más disponibilidad sobre los ahorros previsionales que administran las AFP para cubrir los próximos compromisos de pago de pensiones de los jubilados en el sistema público. Ahora los jubilados quedan a la deriva puesto que el Gobierno no tiene ninguna fuente de ingreso para pago de pensiones, esta situación los llevará a aguantar hambre mientras no haya una forma de pago.

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