La nueva deuda de pensiones que se emite desde 2023 bajo el nombre de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) ya acumula un saldo de $1,720 millones en menos de dos años, según muestran las estadísticas del Banco Central de Reserva.

Desde abril del año pasado y hasta junio de 2024, el gobierno ha emitido cada mes una cantidad de dinero que toma de los ahorros de los cotizantes actuales y lo utiliza para pagar la pensión de los jubilados.

Las cifras mensuales son desiguales. En julio de 2023 prestó $51.93 millones, pero en octubre prestó $249.47 millones.

Este año, las cifras prestadas también varían con gran diferencia. En enero emitió $149.74 millones y su última emisión de junio fue de $57.55 millones.

Antes de 2023, el promedio anual de las emisiones de deuda para pagar pensiones rondaba los $450 millones.
Estas se emitían bajo el nombre de Certificados de Inversión Previsional (CIP) y desde 2006 hasta 2022, acumuló un saldo de $8,396.2 millones, que fue renegociado bajo otras condiciones.

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Este cuenta de deuda se cerró, pero al crearse una nueva figura financiera, el gobierno ha continuado tomando dinero prestado de los trabajadores.

Al unir las emisiones CIP con las emisiones COP, la deuda previsional ya alcanzó $10,116.43 millones a junio.
En un inicio, el aumento de la emisiones se asoció a al alza del 30% de la pensión mínima que Nayib Bukele avaló en diciembre de 2022. Pero para el economista Carlos Argueta, este incremento no es la única explicación al rápido crecimiento que ha tenido la deuda si se hacen estimaciones del número de beneficiados.

Pero Argueta tampoco se atreve a asegurar cuáles qué otras razones hay detrás de este aumento sobre todo porque no hay información. La Superintendencia del Sistema Financiero no ha actualizado los informes del sistema previsional desde abril de 2023 y por lo tanto, se desconoce cuántos son los jubilados actuales a quienes se les paga una pensión, si este número ha incrementado en el último año y cuál es el monto promedio que se entrega, entre otros datos que son básicos para analizar el incremento de la deuda.

“Darle seguimiento a la evolución del sistema de pensiones en los últimos años ha sido más desafiante sobre todo por la poca información de las autoridades pertinentes”, afirmó.

Quien opina tajantemente sobre el uso de este dinero es Patricio Pineda, fundador de la Mesa para una Pensión Digna y quien desde un inicio mostró su preocupación por el rápido endeudamiento.

“Queda demostrado es que el fondo de pensiones es oficialmente la caja chica de los políticos de turno. Jamás se había visto un nivel de endeudamiento del fondo previsional de estas latitutes y muy probablemente, al cierre de este año, estaremos viendo una deuda de $2,000 millones en COP”, afirmó.

Pineda hace referencia al informe del banco de inversión británico Barclays, que en marzo pasado expresó su sospecha de que el fondo de pensiones está financiando al gobierno , es decir, que no solo usa dinero para pagar pensiones, sino que además, lo utiliza para otros gastos estatales.

El gobierno no ha dado ninguna respuesta a los señalamientos de Barclays, pero el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) que es la institución a cargo de las emisiones de deuda, puso en reserva por 7 años, toda la información sobre el pago de la deuda de pensiones.

¿Beneficio?

Según las reformas a la Ley Integral de Pensiones de 2022, las nuevas emisiones de COP que se hacen ahora pagan una tasa de interés del 7% a los trabajadores, una rentabilidad mucho mayor que la que se recibía por las inversiones en CIP.

Sin embargo el economista Argueta cree que la concentración de estos instrumentos en deuda pública no es una buena señal, pues parte del principio que todo inversionista aplica: no es bueno poner todos los huevos en una sola canasta.

“Pareciera que las emisiones de COP son atractivas porque ofrecen una mayor rentabilidad, pero no hay que colocar todas las inversiones en una sola entidad”, afirma.

Según las últimas cifras de la SSF, a abril de 2023, más del 80% del fondo de ahorro de pensiones (más de $13,000 millones) estaba invertido en instrumentos del Estado.

De ahí que muchos expertos como el economista Rafael Lemus, afirman que el gobierno podría incumplir sus obligaciones de deuda y quedarse con todos los papeles emitidos hasta hoy, lo que implicaría un impago de la deuda previsional.

Para Argueta, lo más importantes es que los trabajadores, que son los dueños del dinero que han acumulado en sus años de trabajo, tengan la información oportuna sobre cómo se está invirtiendo su dinero. “Se trata del dinero de los trabajadores. Ellos tienen derecho a conocer cómo se invierte su dinero”, afirmó.

La SSF tampoco ha publicado desde abril de 2023 el informe de rentabilidad que muestra el dato oficial de la tasa de interés que están percibiendo los ahorros.
Los cotizantes solo pueden saber cuánto más está percibiendo su dinero si revisan el en el estado de cuenta individual que las AFP envían.

Así como ve las cosas, Pineda no descarta que en los próximos años, cuando el mecanismo sea insuficiente, el gobierno anuncie una nueva reforma de pensiones que vaya en detrimento de los trabajadores.

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