Las más de 100,000 trabajadoras domésticas que hay en El Salvador, según el estimado que ha hecho la Organización Mundial del Trabajo (OIT), no tienen definido el salario mínimo que deberían recibir y tampoco cuentan con un seguro médico, ni con un fondo de pensión para cuando se retiren. De hecho, el salario que reciben es de acuerdo con la voluntad del patrono, que en la mayoría de los casos no alcanza ni los $200 mensuales por jornadas extensas de trabajo, que incluyen noches y fines de semana.

Por esa razón, algunos jueces de familia del país se han sumado a la discusión y elaboración de una ley que obligue a los patronos a otorgar prestaciones a las trabajadoras domésticas del país. Carmen Elena Molina es una de esas juezas, quien actualmente colabora con el Ministerio de Trabajo, que es la institución que coordina la creación del borrador de la ley.

“Así como están las cosas por ahora, es a voluntad del patrono lo que una trabajadora doméstica recibe como pago. Esto ya no puede seguir así, no debe ser voluntario, sino obligatorio. Debería ser obligatorio que ellas tengan seguro médico pagado por los patronos, pensiones para cuando se jubilen y un salario mínimo definido y justo”, dijo a este periódico la jueza Molina.

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