Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, aseguró que el Gobierno de El Salvador ha tomado del fondo de pensiones más de $334 millones de los necesarios para pagar las jubilaciones de las personas bajo el sistema público, relativo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

En el marco de una entrevista televisiva en Frente a Frente, el experto mostró un estudio actuarial realizado por la institución a la que representa, donde está calculado el dinero que se necesita para cubrir este rubro.

Para la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, en el 2023 se necesitaron en torno a $675 millones para todo el año. Sin embargo, el Gobierno de El Salvador tomó $1,009.74 millones entre abril y noviembre de 2023.

La toma de estos fondos se realiza mediante los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), creado con la ley promulgada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2022.

Los COP son un instrumento mediante el cual el Estado presta recursos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en las que los salvadoreños con empleo formal están obligados a aportar mensualmente para pagar a los jubilados del sistema público (ISSS y el exInpep).

“Yo me vine a sentar aquí hace un mes e hice la predicción de que el gobierno tomaría más de $1,000 millones del fondo de pensiones. Lastimosamente, no nos equivocamos… El presidente del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) se está dejando meter gol al emitir una cantidad que el gobierno, realmente, no necesita”, dijo Pineda.

El experto ha señalado en múltiples ocasiones que esta incongruencia entre lo que se necesita y lo que ha tomado el Gobierno solo se puede traducir en que el dinero está siendo utilizado para fines distintos a los contemplados en la ley y que incluso podría estarse usando para gasto corriente.

A mediados de diciembre, Pineda volvió a advertir que El Salvador está entrando en una situación de peligro para la sostenibilidad del sistema de pensiones, debido a la toma de fondos por parte del Gobierno.

Pineda señaló que para “hacerle frente a los compromisos previsionales hay un poco más de 4,000 millones de dólares”, pero alertó que “si el ritmo (de emisión) se mantiene, en tres años esto se cae”.

La cifra tomada este año se suma a la anterior deuda con los trabajadores por $8,396.81 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que sustituyeron a otros certificados contemplados en el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que fue elimado en diciembre 2022.

Entre ambos instrumentos, la deuda estatal con los fondos de pensiones llegó a $9,406.55 hasta noviembre de 2023.

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