El gobierno ha ordenado ocultar la información sobre sus operaciones o movimientos para extraer dinero de los ahorros de pensiones de los trabajadores para pagar las jubilaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Pensiones para los Empleados Públicos (INPEP).

El representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, reveló que la información fue declarada “en reserva”, es decir se ha ocultado al público y nadie podrá saber qué se está haciendo con esos dineros.

La Mesa solicitó al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) la información del traspaso de los fondos de pensiones que el Estado hace desde 2006, para sacar dinero de las cuentas privadas de los cotizantes de las AFP y con eso pagar a los jubilados del ISSS y del INPEP. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue que esos datos han sido declarados “en reserva” (clasificados, confidenciales).

Este fue el resultado de las gestiones que la gremial hizo para conocer los movimientos del gobierno para cambiar los procedimientos y certificados de pago, de acuerdo con la reforma de pensiones de 2022.

La Mesa pidió al ISP que le entregara copia íntegra y certificada del acta de traspaso de los activos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) al Instituto Salvadoreño de Pensiones, así como el acta certificada en donde se designan a las AFP como representantes de los afiliados en el proceso de traspaso.

Además, solicitó una copia íntegra y certificada del acta o constancia en donde se autoriza la emisión reciente de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) por parte del Consejo Directivo del ISP para el periodo del 1 al 31 de enero de 2023 y una copia íntegra y certificada en donde se refleje el monto de lo entregado por parte del Instituto a la Unidad de Pensiones del ISSS y a las AFP, para cubrir el pago de los beneficios durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2023.

En el escrito de respuesta del 8 de marzo del presente año, el oficial de información del ISP respondió a la Mesa que, tras haber realizado las gestiones pertinentes para brindar el acceso solicitado y basado en lo que establece el Art. 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, no pueden proporcionar la información solicitada, por encontrarse “clasificada como reservada en virtud del artículo 19 literales e), g) y h) y artículo 20 de la LAIP”.

Estos artículos citados se refieren a asuntos que siguen en deliberación, información que compromete estrategias o que podría generar ventajas indebidas en perjuicio de terceros.

Pero Wilson Sandoval, experto en transparencia, manifiesta que no basta solo la mención de los artículos de la LAIP sobre los que se basa la denegatoria, sino que detallar en su resolución y fundamentar los motivos por los que la información se declara en reserva, como han ordenado  la Sala de lo Constitucional y el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública en resoluciones precedentes.

En lo referente a la solicitud de copia íntegra y certificada del acta que designa a las AFP como representantes de los afiliados en el proceso de traspaso del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el ISP respondió que la calidad en que concurrieron las AFP, “al acto de traspaso ahí regulado, es decir, en representación de los afiliados al Sistema de Pensiones, fue dada por disposición expresa de dicha ley, por lo que, no existe otro documento para acreditar tal extremo”.

Otros cuestionamientos

Pineda  dijo que como Mesa le dieron el beneficio de la duda al gobierno con la nueva Ley de Pensiones, de que se iban a seguir conservando las condiciones del canje de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), llamados ahora Certificados de Obligaciones Previsionales (COP). “Creíamos que se iba a conservar siquiera las condiciones del canje de los CIP a las AFP a 50 años con el 4.75%, pero con un máximo de dos años permuta. Allí estábamos bien, pero no, vemos que se van al 7% de rentabilidad, pero con 4 años permuta, eso es el 32% de pérdida de valor del fondo de pensiones, que va a afectar directamente a los próximos a pensionarse del grupo de obligados A, pero sobre todo B del sistema”, explicó Pineda.

Esto en términos sencillos quiere decir que una persona que al 2026 esté por pensionarse y tenga en su cuenta individual unos $25,000 ahorrados, por ejemplo, este cotizante no tendrá el 32% que, según la ley, debería aplicársele a los $25,000 que tiene acumulados en su cuenta individual.“Ahora ese 32% no existe, no lo va a tener, ya lo perdió con esa permuta y para los que pasen de 4 años en adelante será peor”, explicó Pineda.

Por esta razón es que la calificadora Fitch habla de un “impago” de la deuda de las pensiones.

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