Tanto el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, como el diputado de GANA Guillermo Gallegos indicaron esta semana que se hará una reforma integral de pensiones a partir de la llegada de los nuevos diputados a la nueva legislatura que iniciará sus funciones el 1 de mayo de 2021. En este momento y desde finales de 2019, se constituyó una comisión ad-hoc para hacer una nueva reforma a pensiones que no ha prosperado mucho, pero que en diciembre aprobó un dictamen para incrementar la pensión mínima de $207.6 a $304.17 mensuales.

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Vamos de lo más sencillo a lo más complejo: La pensión mínima la incrementaron los diputados al aprobar la ley del presupuesto de 2021 (artículo 3) y para ello se aprobó un préstamo de $250 millones negociado con el BCIE del cual se tomarían $50 millones para cubrir dicho aumento. El presidente Bukele sancionó la ley del presupuesto, con lo que quedó aprobado el incremento de la pensión mínima, pero el ministro de Hacienda indicó que el presidente vetará el financiamiento que iba incluido en el préstamo del BCIE. Por lo tanto, la pensión mínima no se va a incrementar a partir de enero porque no hay fondos asignados para poder cubrir el aumento. El ministro dice que lo tomarán de otros fondos y que sí harán el incremento, pero si eso no es aprobado por la Asamblea Legislativa, el pago de dicho aumento de la pensión mínima sería ilegal.

El presidente Bukele tiene una pelea a muerte con los 262 alcaldes del país desde mediados del año pasado, fecha desde la cual no les ha pagado el FODES, por lo cual ya les debe más de $300 millones y nuevamente vetó otro préstamo, en este caso el que financiaba el incremento a la pensión mínima y el resto de los recursos iban dirigidos a darles recursos a las alcaldías. El objetivo de Bukele ha sido asfixiar financieramente a las alcaldías, que los alcaldes no puedan hacer obras y con ello lograr obtener la mayor parte de alcaldías con los candidatos de Nuevas Ideas y GANA.

Si no comete ilegalidades adicionales el ministro de Hacienda no podría entrar en efecto el incremento de la pensión mínima hasta que se encuentre otra fuente de financiamiento creíble. Digo creíble porque se sabe que el presupuesto aprobado para 2021 ya lleva un déficit de al menos $700 millones por la sobreestimación en la recaudación del IVA y la Renta.

Si volvemos al tema de la reforma integral de pensiones que ha anunciado el gobierno, hay que recordar que en 2017 se hizo una reforma integral de pensiones y que lo único que quedó pendiente fue una reforma para elevar la pensión que reciben los retirados del sistema de ahorro para pensiones (SAP). Desde 2018 se ha manejado una serie de opciones para que se pueda elevar las pensiones de manera sostenible, para las personas que ganan más de $600 al mes, pero que no han sido evaluadas por la comisión ad-hoc de la Asamblea Legislativa.

La gran pregunta que surge es ¿en qué consistirá la reforma integral de pensiones anunciada? Con base en las experiencias que se tuvo con las dos administraciones anteriores se le llamaba reforma integral de pensiones al hecho de estatizarlas, o como usualmente dicen “nacionalizarlas”. Lo anterior quiere decir que si esa fuera la opción que está considerando este gobierno, los ahorrantes perderían su dinero, ya no tendrían una cuenta individual para su retiro, sino que todo pasaría a un fondo común y las pensiones se pagarían con el dinero que aporten los más jóvenes en el futuro. Dada la baja tasa de natalidad actual y la eliminación del bono poblacional a partir de 2030, los futuros jubilados no podrían obtener una pensión adecuada con lo que aporten los jóvenes en el futuro. Al gobierno le conviene esto porque eliminaría $5,556 millones (a noviembre de 2020) en deudas y eso le abriría opciones para poder seguir endeudándose. Los grandes perdedores serían los millones de salvadoreños que tienen ahorros en el SAP.

Lo que se requiere es que la actual Asamblea Legislativa pase la reforma de pensiones que garantice a los retirados una pensión digna y que de esa manera se proteja los ahorros de todos los salvadoreños que han cotizado al SAP. “Nacionalizar” las pensiones sería otra forma de empobrecer a los futuros retirados y endeudarnos más a todos los salvadoreños.

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