El proyecto de reformas a la Constitución que ha preparado el equipo Ad-hoc dirigido por el vicepresidente Félix Ulloa confirma la intención del gobierno de estatizar los fondos de pensiones de los trabajadores.

Según la nueva redacción del artículo 50 de la Constitución, “la seguridad social constituye un servicio de carácter público… y dicho servicio será prestado por una o varias instituciones del Estado…”.
En la redacción de la actual Carta Magna, la palabra “Estado” no aparece en el articulado, lo que permite que hoy día existan empresas privadas que presten el servicio de administradores de los fondos.

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Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya, esto limita las instituciones al plano público y confirma la confiscación de los fondos. “Con esta reforma se anuncia la confiscación de ahorros de pensiones de los salvadoreños”, señaló el abogado.

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El gobierno, por su parte, ha iniciado una campaña de expectación para anunciar una “verdadera reforma de pensiones”, que saldaría la deuda histórica del país.

Y aunque el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirma que la nacionalización de los fondos es falso, el proyecto muestra que el objetivo será que sea el Estado quien administre los ahorros de los trabajadores.

El sistema de pensiones fue manejado por el Estado hasta 1998, cuando se creó la Ley del Sistema de Ahorro para pensiones conocida como SAP.

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