Por Marc D. Joffe (Public Sector Credit Solutions)

La deuda excesiva que enfrenta el sector público de Puerto Rico es el resultado involuntario de una serie de decisiones de política pública hechas a partir del 1898 cuando los Estados Unidos tomó posesión de la isla. En lugar de encaminar a Puerto Rico hacia la estadidad, el Congreso de los Estados Unidos impuso una serie de estructuras gubernamentales particulares en la isla. En la actualidad, existe una diferencia marcada entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la mayoría de los estados norteamericanos. Este contraste se debe a que en Puerto Rico no existen límites constitucionales significativos para evitar los déficits del gobierno central y la acumulación de deuda, y a que el estado opera varias corporaciones públicas que arrastran deudas insostenibles. En comparación con los estados de los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico tiene poca transparencia fiscal, bajos niveles de solvencia en los sistemas de pensiones públicas y un exceso de personal gubernamental. Para enfrentar estos antiguos problemas, Puerto Rico necesita que se imponga una junta de control fiscal federal, ajustar sus deudas, llevar a cabo una reforma constitucional y privatizar algunas corporaciones públicas.

Fuente: SSRN