Por Juan José Rodríguez Bravo de Laguna

En estos más de 10 años de vigencia de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo, como primer marco específico protector del trabajo por cuenta propia, han ido acaeciendo una serie de transformaciones económicas, sociales y laborales, que han ido requiriendo su debida actualización. Así, a finales del año 2017 se promulgó la Ley 6/2017, de 24 de octubre, que introdujo importantes reformas. En esta misma línea de actuación prosigue, 1 año más tarde, el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre. En un giro de 180 grados respecto de la tradicional configuración voluntarista y flexible de la protección social del trabajo autónomo, se viene a definir como obligatoria tanto la cobertura por contingencias profesionales como por cese de actividad. Por otro lado, la implantación de las nuevas tecnologías y la ausencia de un marco regulador de la materia han dado lugar a una afluencia de falsos autónomos, tratando ahora de facilitar la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su detección. Por último, el continuo énfasis del Ejecutivo en la protección del trabajo autónomo trae, como lógica consecuencia, reformas legales para favorecer el disfrute de ayudas económicas. El presente estudio aborda el análisis exhaustivo del vigente marco regulador bajo una visión crítica de las novedades incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.

Fuente: Laboral Social