El Consejo de ministros de España aprobó el pasado 28 de enero un nuevo decreto que garantiza la subida de las pensiones en 2025 conforme al aumento del coste de la vida. Así, las pensiones contributivas y las de clases pasivas del Estado suben un 2,8 %, las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital aumentan un 9 %, la pensión de viudedad con cargas se incrementa un 9,1 % y las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), un 6%. De esta manera, el Estado intenta garantizar por cuarto año consecutivo que los pensionistas no pierden poder adquisitivo.

La medida beneficia a más de 12 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones, pero tiene sus implicaciones a largo plazo. Por primera vez, en el mes de enero la nómina de las pensiones contributivas superó la barrera de los 13 000 millones de euros, un 6,17 % más que un año antes. De mantenerse esta tendencia, el gasto no dejará de aumentar en las próximas décadas y el sistema de pensiones públicas estará cada vez más tensionado. Así, ¿afecta la subida de las pensiones a las prestaciones de las generaciones futuras?

La subida de las pensiones y las tensiones del sistema

El sistema público de pensiones en España tiene como objetivo cubrir una serie de contingencias relacionadas con el envejecimiento, el fallecimiento y la enfermedad. Está formado por dos modalidades fundamentales, una asistencial y otra contributiva obligatoria. De acuerdo con el análisis del Banco de España, la primera se financia con impuestos generales y sus prestaciones las reciben las personas con niveles de renta y riqueza inferiores a unos determinados umbrales, mientras las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones de los empresarios y de los trabajadores activos bajo el principio de reparto.

Este sistema de reparto que se financia a través de las cotizaciones a la Seguridad Social funciona como un modelo de prestación definida, es decir, el sistema promete una relación estable entre la pensión inicial y las cantidades cotizadas o, en otras palabras, son los gastos los que definen cuánto se tiene que ingresar. Esto significa que los riesgos demográficos y económicos recaen en los cotizantes, ya que se hace necesario mantener los ingresos en línea con las prestaciones que perciben los pensionistas. Durante décadas, esto fue posible de mantener, fundamentalmente, porque el número de trabajadores en activo en España era muy superior al de pensionistas.

Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida, la incorporación al mercado laboral de generaciones menos numerosas, el descenso de la inmigración o el escaso crecimiento de la productividad han venido tensionando el sistema desde principios del siglo XXI y han hecho necesarias reformas para evitar entrar en una situación de déficit (es decir, que el sistema pague más de lo que ingresa). La revalorización de las pensiones en línea con la inflación no hace sino incrementar estas tensiones.

¿Cómo se financia la subida de las pensiones?

Ante esta situación, la solución por la que se ha optado es la de incrementar los ingresos. Por un lado, las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia (los autónomos) han venido aumentando; y lo han hecho por dos grandes motivos. Por un lado, está la subida de las bases máximas de cotización (en mayor medida que la pensión máxima) y la actualización gradual de las bases de cotización de los autónomos por encima de lo que marca el índice de precios de consumo (IPC). Por otro, está el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado para que las generaciones más jóvenes asuman la mayor parte del peso de la jubilación de los grupos de edad con más población y se aplica como un porcentaje sobre la base de cotización que irá aumentando hasta 2029.

Además, a partir de este año entra en vigor la llamada cuota de solidaridad. Esta aplica a los trabajadores por cuenta ajena que perciban un salario que supere la base máxima de cotización. En la práctica, la cuota de solidaridad supone un porcentaje de cotización adicional para la parte del sueldo que exceda esa base máxima, aunque no se tiene en cuenta para la prestación futura. Dicho porcentaje también irá creciendo de forma progresiva hasta 2045.

Y, aun así, estos ingresos no son suficientes: de los alrededor de 200 000 millones de euros que supusieron el pago de las pensiones en 2024, solo consiguieron recaudarse a través de las cotizaciones cerca de 150.000 millones. Este déficit se cubrió con dinero que procede de otros impuestos del Estado y de la deuda pública, con los riesgos que ello acarrea.

¿Cuáles son los riesgos del sistema?

Las medidas adoptadas para que el sistema pueda soportar la subida continuada de las pensiones y sobrevivir a las tensiones demográficas (en España hay, de media, 2,4 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista) implican que el sistema se vuelve menos contributivo y que la diferencia entre lo cotizado y la pensión recibida es cada vez mayor. Además, quienes mantienen hoy el sistema tienen menos poder adquisitivo que quienes lo disfrutan: la pensión media de jubilación supera ya el sueldo medio de los asalariados menores de 35 años.

De acuerdo con un análisis del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, optar por esta vía implica, en primer lugar, que las cotizaciones se entiendan como cualquier otro impuesto y no como un salario diferido. Además, existe el riesgo de que la creciente presión impositiva lastre la creación de empleo y, en consecuencia, la posibilidad de financiar pensiones futuras más elevadas. Por otro lado, al cubrir parcialmente el déficit del sistema con deuda pública también se pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero a largo plazo.

De mantener esta línea, el gasto en pensiones seguirá aumentando hasta alcanzar un pico máximo de 17 300 millones de euros mensuales alrededor de 2050, según las previsiones del ministerio de Economía. Además, si no se reduce el gasto, el pago de las pensiones llegará a suponer el 6,3 % del producto interior bruto (PIB), de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Europea. En definitiva, el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones no se resuelve, sino que se difiere en el tiempo, poniendo en juego la viabilidad del propio sistema para las generaciones futuras y el equilibrio intergeneracional.

¿Cuáles son las posibles soluciones?

Los desafíos del sistema de pensiones español son compartidos por muchos otros sistemas de reparto en todo el mundo. Sin embargo, muchos han puesto en marcha reformas profundas de la arquitectura del sistema (y no solo medidas puntuales) para garantizar su sostenibilidad. Estas son algunas de las posibles soluciones:

• Sistema de reparto de contribución definida con cuentas nocionales individuales. En este sistema, las pensiones se pagan mediante cotizaciones a la Seguridad Social, pero estas últimas también dan lugar a derechos futuros que se anotan de forma individual. De esta manera, la pensión inicial del trabajador es proporcional a los derechos acumulados y tiene también en cuenta las proyecciones de ingresos del sistema durante la vida del pensionista.
• Sistema de reparto de prestación definida complementado con fondos de capitalización. En este sistema, la pensión pública es solo una parte de los ingresos del pensionista. El resto se complementa con fondos provenientes del ahorro colectivo (el llamado segundo pilar) y el ahorro individual (el tercer pilar). Estos fondos de capitalización pueden ser de gestión pública o privada. Algunas reformas adoptadas en España en los últimos años buscan promover la previsión social a través del segundo pilar, una vía de ahorro para la que nuestro departamento de pensiones ofrece soluciones a las empresas.
• Reducir el gasto del sistema. En este sentido, se pueden implementar reformas encaminadas a contener el gasto y a garantizar que los recursos se distribuyen de manera más equitativa, como incrementar la edad de jubilación, alargar la vida laboral o vincular las pensiones a la esperanza de vida.

Estas soluciones han sido incorporadas total o parcialmente por países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania. Además, existen otros enfoques, como el de Australia, donde la mayor parte del peso de las pensiones recae en el segundo y el tercer pilar, más alejados de la filosofía del sistema español, pero también eficaces y sostenibles.

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