El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia decidió modificar su reforma tributaria y excluir una de las propuestas que habían generado controversia: el impuesto a las pensiones más altas.

Bajo la premisa de “gravar a los que más tienen”, la administración había planteado en la reforma tributaria radicada en el Congreso que los pensionados que cobran más de 10 millones de pesos mensuales pasaran a pagar impuestos por ese concepto. Según los cálculos del ministro de Economía, José Antonio Ocampo, eso implicaba gravar a un 0,2% de los pensionados con un tributo del entorno del 20%.

Sin embargo, tras una reunión con los ponentes de la reforma tributaria de los partidos que conforman el Gobierno se retiró esa propuesta de la reforma, según confirmó el presidente en rueda de prensa.

Petro también anunció modificaciones a la tributación del sector de hidrocarburos, es decir los impuestos vinculados al petróleo y el carbón.

Por un lado, el presidente dijo que las regalías del sector minero no serán deducibles del impuesto de renta. “Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano, y en esa medida la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son deducibles”, explicó el mandatario.

Por otra parte, anunció una modificación de la sobretasa al impuesto de renta que pagan los sectores del petróleo y el carbón. El aporte que hagan va a depender del precio internacional de los productos, de forma que si los precios llegan a cierto punto bajo no habrá sobretasa.

El Gobierno de Petro prometió un programa social ambicioso y necesita dinero para financiarlo. Sus primeros cálculos sobre la reforma implicaban obtener 25 billones de pesos para 2023 (unos US$  5.000 millones, que equivalen al 1,72% del PIB) y el doble de cara al mediano plazo.

La administración proyectó que, además de la disminución de la pobreza, la reforma haría que la desigualdad en el país tuviera una caída nueve veces superior a la que se ha registrado como promedio en los últimos 14 años.

En la conferencia de este martes, el mandatario dijo que el valor de la reforma para el próximo año sería de unos 20 billones de pesos y podría subir a unos 23 billones para 2026 (entre US$ 4.000 y 4.600 millones).

En las próximas jornadas continuarán las negociaciones, antes de que el texto pase a discutirse en el pleno del Senado y la Cámara de Diputados.

El crecimiento de Colombia se desacelerará fuertemente en 2023, según los últimos pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que prevé un aumento real del PIB del 2,2% frente al 7,6 de 2022.

A esta previsión se suma la fuerte depreciación de la moneda colombiana que obedece, según expertos, a factores externos e internos. A nivel mundial, existe un temor a una recesión que se suma al aumento agresivo de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y hace que las monedas se deprecien. A nivel interno, las preocupaciones por las políticas económicas de Petro, especialmente las vinculadas a la exploración de hidrocarburos, pueden estar teniendo consecuencias en los mercados.

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