Por FIAP

La confiscación de los fondos de pensiones realizada en Argentina en 2008 es un caso de populismo extremo y, hasta ahora, único en la experiencia mundial por las condiciones en que fue implementada.

Las verdaderas razones para la confiscación fueron políticas y también la necesidad del gobierno de contar con mayores recursos financieros. Fue realizada a pesar que los trabajadores prefirieron el sistema de capitalización individual a través de sus decisiones de afiliación.

La reforma estructural se hizo sin estudios actuariales, con escaso debate público y sin la participación de técnicos y grupos de interés. De hecho, su tramitación parlamentaria se concretó en un plazo inferior a dos meses.

La administración del nuevo sistema adolece de falta de transparencia y autonomía frente al gobierno de turno. Además, no existe una entidad técnica y especializada de fiscalización y las entidades existentes de control tienen fuerte influencia política.

La experiencia post nacionalización muestra que las pensiones y tasas de reemplazo del sistema no han mejorado y que existe alta inseguridad respecto a la capacidad de pago de las futuras pensiones que recibirán los trabajadores. Ello por la insostenibilidad financiera del sistema, el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y porque la situación se agravará en el tiempo debido a las tendencias demográficas que afectan a los sistemas de reparto. Todos estos problemas han llevado a que el sistema de pensiones argentino sea muy mal calificado en comparaciones internacionales. De hecho, en el Índice Global de Pensiones de Mercer CFA Institute 2020 se ubicó a Argentina en el penúltimo lugar entre 39 países, recibiendo sus peores calificaciones en sostenibilidad e integridad.

Por lo tanto, el caso argentino muestra un camino equivocado que no deberían seguir otros países de América Latina ni del mundo.

Fuente: FIAP Internacional