Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas

Por CIDH 

Este informe es el primero que aborda de forma específica los derechos humanos de las personas mayores en la región y da cuenta de los mecanismos que proveen los Estados para garantizarlos.

El informe se basa en el nuevo paradigma sobre la vejez consagrado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CPM), que entiende que el envejecimiento constituye una etapa más en el ciclo de vida de las personas, valiosa y digna por sí misma. El nuevo paradigma de la vejez activa e independiente supone erradicar la discriminación por edad, “edadismo”. El edadismo restringe injustamente los derechos de las personas mayores, invisibiliza sus problemáticas y, sobre todo, las expone a diversas formas de violencia.

Para su redacción, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH dio seguimiento a los avances y desafíos en materia de derechos humanos de las personas mayores a nivel internacional e interamericano. La información contenida en el informe fue aportada por Estados, organizaciones de sociedad civil y especialistas en la materia. Entre otros aspectos, el informe analiza a) el reconocimiento de los derechos de las personas en el sistema interamericano; b) la CPM y los estándares internacionales relacionados con los derechos humanos que esta reconoce; c) sistemas nacionales de protección; y d) los derechos de las personas mayores reconocidos en la CPM y el panorama de los mecanismos nacionales, para finalmente presentar conclusiones y recomendaciones.

El documento da cuenta de una serie de normas, políticas y programas de los Estados para hacer efectivos los derechos de las personas mayores. Igualmente, contiene tendencias positivas como que todos los Estados de las Américas cuentan con algún tipo de instrumento normativo orientado a la priorización de los derechos humanos de este grupo y programas de seguridad social que incluyen pensiones no contributivas, formas de atención priorizadas en el acceso a la salud o implementación de diferentes tipos de intervenciones para integrar a las personas mayores de modo intergeneracional y promover la vejez activa.

El informe también pone de manifiesto retos pendientes en materia de protección y garantía de los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, la falta de producción y recopilación de información estadística respecto de la situación de las personas mayores o de programas para la prevención, denuncia y sanción de la violencia en contra de las personas mayores y el fomento para su acceso a la justicia. Igualmente, enfatiza la discriminación interseccional que enfrentan mujeres mayores, personas LGBTI mayores, personas privadas de libertad, personas mayores migrantes; entre otras.

Asimismo, señala que es necesario que los Estados de la región profundicen discusiones respecto de la capacidad de las personas mayores o los procesos de interdicción que anulan jurídicamente su consentimiento, por ejemplo, sobre su derecho a la propiedad y autonomía financiera, o sobre la decisión de dónde vive una persona mayor desea vivir.

Con este informe, la CIDH busca iniciar una conversación en la región sobre las mejores formas de protección de las personas mayores, compartir experiencias exitosas y brindar herramientas a los Estados para evaluar y planificar sus políticas en la materia.

Finalmente, la CIDH reitera su llamado a los Estados de la región para la ratificación universal de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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