Declaran inconstitucional que Perú devuelva el dinero aportado para pensiones

El Tribunal Constitucional de Perú declaró este jueves inconstitucional la polémica ley que obligaba al Estado a devolver parte de sus cotizaciones a los trabajadores afiliados al sistema público de pensiones, lo que ponía en riesgo los recursos estatales para que los actuales jubilados reciban su pensión.

El fallo fue unánime por parte de los siete magistrados del Tribunal Constitucional de Perú, pues todos votaron a favor de declarar esta norma inconstitucional por afectar al acceso a las pensiones y al carácter intangible de los recursos estatales.

La norma obligaba al Estado a devolver a los cotizantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) hasta 4.400 soles (unos 883 dólares), lo que suponía un desembolso en total de unos 16.000 millones de soles (unos 4.390 millones de dólares), según estimaciones del Consejo Fiscal del Perú.

También contemplaba la devolución total de todas las cotizaciones para aquellos afiliados mayores de 65 años que todavía no cumpliesen el requisito de los 20 años de aportes para acceder a su pensión. GOBIERNO SE NEGÓ A PROMULGARLA Esta ley, aprobada a inicios de diciembre por insistencia del Congreso después de que el Gobierno se negara a promulgarla, buscaba emular otras leyes similares que se dieron durante el año pasado para permitir a los afiliados al sistema privado de pensiones retirar parte del dinero acumulado en sus fondos personales.

En concreto el Estado peruano permitió el retiro de hasta 17.200 soles (unos 4.720 dólares) de los fondos privados de pensiones como una suerte de ayuda para capear la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, a diferencia de la ONP, donde las cotizaciones de los trabajadores sirven para pagar cada mes las pensiones de los jubilados y no hay un ahorro individual por parte del Estado, los fondos privados de pensiones son cuentas personales de ahorro.

Iniciativas similares se han dado en otros países de América Latina, como en Chile, que aprobó un retiro de hasta el 10 por ciento de los aportes en julio pasado y un segundo retiro en diciembre. También en Bolivia, con un proyecto de ley para la devolución de una parte de los aportes a los fondos de pensiones para “mitigar” los efectos de la pandemia.

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