Por Alicia Bárcena, Mario Cimoli, Raúl García-Buchaca, Ricardo Pérez

Entre los distintos retos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe destacan los cambios demográficos, en particular el envejecimiento y la feminización de la población adulta mayor, el imperio de mercados laborales que se caracterizan por la informalidad y la precariedad, las economías dependientes del ciclo que no alcanzan a solventar los problemas de financiamiento, y las políticas públicas y normativas que se construyen sobre sesgos de género.

Las mujeres constituyen la mayoría de la población adulta mayor, pero, salvo excepciones, están subrepresentadas entre quienes perciben pensiones. La proporción de mujeres de 65 años y más que reciben algún tipo de pensión o jubilación es menor que la de hombres. Si bien en la región se ha avanzado en la inclusión por medio de pensiones no contributivas, estas son las prestaciones de menor monto y no permiten a las mujeres superar la situación de pobreza.

Lograr que la dimensión de género esté presente de forma integral en el diseño de las reformas de los sistemas de pensiones constituye un desafío. La inclusión de las mujeres en los sistemas de pensiones es indispensable para hacer frente a la nueva estructura de edades de la población, a la demanda y la necesidad de autonomía económica y al ejercicio de sus derechos. Además, es también un requisito para la sostenibilidad de los propios sistemas.

Consigue el libro aquí