$12,8 billones es la carga que le cuesta al Estado los pasivos pensionales de entidades públicas liquidadas, en 2023. Este cálculo lo hizo el economista Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, con base en el último informe de gestión del Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia, conocido como FOPEP.

“Entidades públicas liquidadas por malos manejos y corrupción hoy nos siguen costando billones de pesos cada año para atender su pasivo pensional. Esa es su gran herencia. La que algunos aquí quieren romantizar con discursos trasnochados”, aseveró Cruz.

Dicho informe reveló que, a lo largo del 2023, se procesaron 3,5 millones de prestaciones en pago de mesadas pensionales, con un valor total superior a $9 billones. Además, se recuperaron $64 millones en casos de cobros posteriores al fallecimiento del pensionado, y se mantiene en gestión de recuperación más de $1.000 millones, teniendo en cuenta que se registraron 9.319 pensionados fallecidos a lo largo de ese año.

Cabe recordar que el Consorcio FOPEP fue el responsable de administrar el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, en 2023, conformado por la Fiduciaria Bancolombia SA y la Fiduciaria La Previsora SA.

Entre la cincuentena de empresas que atiende con el pago de pensiones se destacan Cajanal , Telecom, Inurbe, Foncolpuertos, Caja Agraria, Incora, Inravisión y el Idema.

El economista Germán Machado, docente de los Andes, explica que el Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) es una enorme carga para el presupuesto nacional, y estima que para el 2025 se llevará $15,6 billones del presupuesto para cumplir con las mesas pensionales de apenas 286.000 pensionados

“Es decir, en promedio, cada pensionado del FOPEP recibirá $54,5 millones anuales en 2025, casi el triple que un pensionado promedio de Colpensiones. Ahora, lo cierto es que, a pesar de que el FOPEP atiende a las pensiones de funcionarios de varias entidades, la que más representa en este rubro es Cajanal, cuyas pensiones en 2025 costarán $11,1 billones”, detalla Machado.

Por su parte, Kevin Hartmann, doctor en Ciencias Jurídicas de UCLouvain y experto en pensiones, recuerda que año tras año viene bajando el número de pensionados a cargo del FOPEP, que paga las mesadas causadas de regímenes especiales de entidades públicas como Cajanal, Telecom, Foncolpuertos. Y Cajanal tiene el 72% del peso de los pensionados del FOPEP.

De esta manera, Iván Jiménez Uribe, profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y experto en pensiones, indica que el pasivo pensional público, de todo lo que no es Colpensiones, es cerca del 75% del pasivo pensional total. “Eso nos cuesta muchísimo a todos, sin duda”.

El docente Machado afirma que, lamentablemente hoy no hay una buena solución para bajarle la carga al Estado, poque como las entidades ya están liquidadas y los derechos pensionales ya están adquiridos, la Nación tendrá que honrar esas obligaciones hasta el momento del fallecimiento de los causantes y sus beneficiarios.

Pero Hartmann sí ve una solución para aliviar esa carga pensional y son los impuestos a las pensiones más altas. “Esa es la única vía, por ahora”.

Y desde que se radicó la reforma pensional del Gobierno Petro se levantó una nueva polémica sobre los impuestos a las pensiones altas en Colombia, ya que este proyecto propuso gravar las pensiones superiores a $10 millones mensuales. La medida buscaba reducir la inequidad en el sistema pensional, pero fue criticada por ser una “reforma tributaria por la puerta de atrás”.

Otra solución tiene el académico Jiménez, quien teniendo en cuenta que por decisión política el apaciguamiento de ese pasivo pensional ha dependido simplemente de que el tiempo lo va marchando con la muerte de las personas, “la solución, en todo caso, debería partir por eliminar las excepciones al sistema general de pensiones”.

Hartmann analiza que esa carga la termina pagando el Estado colombiano porque la pensión es un derecho fundamental. “Y como se cerraron esos regímenes (ya no hay cotizantes que paguen esas pensiones, precisamente para marchitarlo), pues eso lo tiene que pagar el Estado con plata del presupuesto general”.

A renglón seguido puso el siguiente ejemplo con el caso de Colpensiones: para todos los que hablan del marchitamiento de Colpensiones y pasar a un sistema de ahorro, el efecto sobre las finanzas públicas sería muy parecido o mayor con lo que paso en el FOPEP, es decir, la Nación tendría que pagar esas pensiones hasta que muera la última pensión con el presupuesto general.

“Eso lo vivieron en Chile y vea lo que costó en términos del PIB durante los primeros 20 años. ¿Quién le va a meter 5% del PIB anual a esa transición, hoy en día debe ser más costoso, ¿de dónde van a sacar esa plata?”, pregunta.

En esa orden, Machado considera que la Nación tiene esa obligación a través del FOPEP porque esa cuenta reemplazó a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Y como las obligaciones pensionales de las entidades públicas eran responsabilidad de la Nación, la obligación seguía vigente.

“El FOPEP desde hace unos 30 años se encarga de administrar el pago de pensiones de vejez, invalidez, sustitución o supervivientes de todos los fondos insolventes del sector público”, recuerda.

En palabras sencillas, el docente Jiménez afirma que esa carga la seguirá asumiendo el Gobierno porque son personas que se pensionaron en otra época, que trabajaron para entidades estatales, y al final es un deber del Estado cumplir con las garantías que se compromete frente a los ciudadanos.

En un evento simbólico, a finales de noviembre, por el reconocimiento de pensión a empleados de la antigua Telecom, el presidente Gustavo Petro no solo recordó el valor de esa empresa que fue pública, sino que aprovechó para defender su reforma pensional.

73 extrabajadores de Telecom finalmente lograron que se les reconociera su pensión, después de años de espera. Este grupo hace parte de los afectados por la liquidación de la emblemática empresa de telecomunicaciones en 2003. Sin embargo, aún queda un largo camino: 1.515 personas siguen a la espera de que se les haga justicia con su derecho a una pensión.

“Telecom fue nuestra empresa de telecomunicaciones en Colombia. Yo mismo la usé muchas veces trabajando. Hoy es prácticamente inmediato”, señaló el mandatario.

Petro arremetió contra Álvaro Uribe, acusándolo de haber privatizado Telecom por “codicia” y de promover un modelo donde “solo compitiendo y eliminando al otro se logra prosperidad”. Según el presidente, la venta de Telecom terminó beneficiando a Movistar y su matriz, Telefónica, en detrimento del país.

El presidente también aprovechó el espacio para defender su propuesta de reforma pensional, asegurando que busca garantizar derechos y combatir la desigualdad. “¿Quién dijo que entregar una pensión a alguien que tiene derecho a pensionarse es una equivocación? Así progresaron Estados Unidos, Europa y ahora China”, subrayó.