Distintos actores han planteado medidas para limitar el rol de las AFP en la administración de nuestros ahorros previsionales. Los más radicales, Frente Amplio y No+AFP, proponen reemplazarlas por una entidad estatal. El candidato Guillier proponía terminar con su “monopolio”, mientras que el candidato Piñera proponía permitir el ingreso a bancos, compañías de seguros y cajas de compensación. La mayoría de los miembros de la Comisión Bravo votaron a favor de la creación de una AFP estatal y permitir la entrada de administradoras sin fines de lucro. El proyecto de ley que se tramita en el Congreso plantea la creación de un Consejo de Ahorro Colectivo.

Un elemento común de estas medidas es que no han sido fundamentadas con estudios detallados que cuantifiquen sus principales costos y beneficios en las pensiones. Más allá de la legitimidad de las distintas posturas ideológicas y de las fundadas razones que explican el descontento de la ciudadanía, es preocupante que una discusión tan importante gire en torno a un diagnóstico incompleto. Esto es riesgoso porque, a cambio de mayor legitimidad, podríamos deteriorar las pensiones que tanto queremos mejorar.

El principal ejemplo de nuestra ignorancia es la ausencia de estudios recientes que evalúen el desempeño financiero de las inversiones de los fondos de pensiones. Pese al enorme monto de recursos administrados (US$200 mil millones equivalentes a 75% del PIB), ni el Estado, ni el mundo académico, ni las administradoras los han realizado. Tampoco recuerdo que alguno de estos actores haya planteado la necesidad de realizarlos.

Lee más en El Mostrador