Aunque algunos voceros del tema laboral que participan en representación del gobierno de Gustavo Petro, en el empalme con el de Iván Duque, ya habían mostrado su desacuerdo, un decreto que se publicó en el Ministerio de Trabajo para comentarios del público podría ser firmado a partir de este lunes 1 de agosto, pese a ir en contravía de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de causar un posible impacto sobre los recursos públicos, pues demandaría pagos del Estado -a través de Colpensiones- provenientes del cubrimiento del seguro previsional de los afiliados que se trasladan de un régimen de pensiones a otro a través de demandas.

Básicamente, el proyecto de decreto contempla que en los casos de traslado judicial del Régimen de Ahorro Individual-RAIS (que manejan los fondos privados de pensiones), al Régimen de Prima Media que administra Colpensiones, “cuando hay nulidad o ineficacia de la información de la AFP”, debe trasladar el saldo de capital más rendimientos, pero no los gastos de administración y seguro previsional, lo que es contrario a lo que había dictaminado la Corte Suprema.

El proyecto de decreto fue sustentado por el Ejecutivo, a través de las explicaciones que están en la web del Ministerio de Trabajo, como algo inocuo, pero varios expertos expresan en SEMANA que no es tan así, por lo que es clave poner el espejo retrovisor en el origen de la controversia.

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