Este jueves, 15 de diciembre, vence el primer plazo para que se tome una de las decisiones más importantes para millones de trabajadores colombianos, que tendrá un gran impacto en el comportamiento de la inflación y en la economía del 2023. Se trata de la definición del incremento en el salario mínimo que hoy está en un millón de pesos, sin incluir subsidio de transporte.

La negociación, todos los años, es un tire y afloje pero este año será especialmente compleja por la pérdida de poder adquisitivo ante el fuerte aumento en los precios. La inflación está castigando con fuerza a las personas de menores ingresos que han visto subir sus precios en más de 14% en el último año, mientras que para los de ingresos altos la inflación está en promedio en 11%.

Las centrales obreras fueron las primeras en destapar sus cartas y como se esperaba se fueron por lo alto, con una propuesta del 20% para compensar lo que se perdió este año y que sirva de colchón para el que viene. Los gremios de la producción no se quieren casar todavía con una cifra porque consideran que lo más importante es lograr un consenso y que se tengan en cuenta todas las variables que pesarán el año entrante cuando se espera una fuerte desaceleración económica.

Por eso, lo fundamental en esta discusión es que imperen las consideraciones técnicas, se tengan en cuenta el impacto en el sector productivo y en la generación de empleo y que no se vaya la mano con aumentos exagerados o populistas que pueden causar un gran golpe en las empresas.

Un aumento muy elevado afectará la creación de empleo formal porque encarece la nómina de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, que son las que generan más del 80% de las fuentes de trabajo en el país. Si el pago de nómina sube mucho terminarán por contratar menos personal o desvincular gente. Y hay que recordar que Colombia es un país donde la tasa de desempleo sigue elevada y la informalidad está en 58%.

Cabe señalar que el aumento en el mínimo se hace con base en dos variables: la inflación anualizada hasta noviembre de este año, que está en 12,53%, y la variación de la productividad total de los factores, que el Dane fijó en 1,24%, y que refleja el valor agregado de los trabajadores a la economía, metodología que fue acogida por la mesa de concertación laboral.

Es decir que si se sigue esta regla el alza no debería superar el 14%, lo que significa un aumento promedio de 140.000 pesos, más lo que se acuerde en subsidio de transporte, que hoy es de 117.172 pesos. Lo que no es responsable es seguir el desafortunado episodio del 2021 cuando el gobierno, con el respaldo de los gremios, promovió un incremento del 10% muy por encima de la inflación de ese año que terminó en 5,62%. Aún está por evaluarse el real impacto que tuvo ese aumento sobre la inflación. ¿Quiso Duque en su momento congraciarse con el pueblo en vísperas electorales? Es una historia que aún está por documentarse.

En 1991 cuando la inflación llegó a 32%, el aumento en el salario mínimo para el año siguiente estuvo seis puntos por debajo de esa variable, es decir, fue del 26% con el fin de ir reduciendo las expectativas en el aumento de precios.

Que no se nos olvide que el aumento del salario mínimo encarece automáticamente muchos otros precios que están atados a él: las cuotas moderadoras que se pagan a las EPS, las multas de tránsito, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), las cuotas de administraciones de inmuebles teniendo en cuenta que los mayores costos son los salarios de los trabajadores, las pensiones de quienes devengan el equivalente a un salario mínimo, entre otros.

Además, tendría un fuerte impacto en la compra de Vivienda de Interés Social (VIS), de Vivienda de Interés Prioritario y otros inmuebles que fijan su valor con base en salarios mínimos. Entre más suba el salario más tendrán que pagar quienes compraron recientemente una vivienda o están a punto de hacerlo.

Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por lo menos 204 bienes y servicios de la economía están atados a este incremento, razón por la cual se tomarán medidas para desindexarlos y se estudian otros parámetros como, por ejemplo, las Unidades de Valor Tributario (UVT). En el Plan de Desarrollo se incluirá una propuesta en ese sentido.

Es indispensable que el gobierno anuncie lo más pronto posible a qué productos y servicios no se les aplicará la misma alza en el mínimo para evitar una cascada que alimentará más la inflación.

El gobierno, que es una especie de árbitro entre las dos partes (centrales obreras y gremios de la producción), será decisivo en lograr una cifra que deje satisfechos a todos, o de lo contrario, tendrá que adoptarla por decreto como ha sucedido con frecuencia.

La mesura y responsabilidad son las palabras que deben primar en la mesa de concertación laboral.

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