Cuando se piensa en adultos pensionados normalmente viene a la mente el dolor que sienten muchos ancianos, ya sea porque no reciben fondos suficientes o porque son abandonados por sus hijos.

La imagen de un viejo abandonado en la incapacidad que trae el trajín de los años en el cuerpo humano ha llevado a que, históricamente, el Estado tome un rol activo en dignificar sus últimos años de vida.

Una acción que el Estado ha tomado para evitar que la vejez se vuelva un problema de dignidad pública es obligar a los empleados a ahorrar para los últimos años de vida.

Hoy un empleado tiene la obligación de dedicar 16 % de su sueldo nominal a ahorro en pensiones obligatorias y puede, si lo considera necesario, ahorrar un dinero adicional para mejor su sustento futuro por medio de pensiones voluntarias.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, la posición del Estado tiene sentido. De no existir la obligación de ahorrar en pensiones, el problema social que la desatención de la vejez seguramente terminaría en la necesidad de crear programas asistenciales que saldrían de las arcas del Gobierno, creando un déficit fiscal a futuro, en parte comparable con las consecuencias de los bonos de agua diseñados por el ministro Carrasquilla.

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