Para nadie es un secreto que el sistema pensional colombiano es una bomba de tiempo que le va a estallar a uno de los dos o tres próximos presidentes, si quien suceda a Juan Manuel Santos en el cargo aplaza más una reforma pendiente que modernice el actual esquema de jubilación. Es un hecho que las reformas vigentes basadas en la racionalización de los recursos públicos no convencen, pues a nadie le duele la sostenibilidad financiera, uno de los fríos argumentos bajo el cual fue montada la Ley 100 de 1993.

El asunto ahora se hace urgente y ponerse de acuerdo con un solo modelo para jubilarse será bien difícil, dado el grado de enfrentamiento ideológico en que está sumido el país político y económico. Es un hecho que los colombianos muy pronto seremos 50 millones; que Bogotá totalizará a 10 millones y que solo sumados los habitantes de Medellín, Cali y Barranquilla se llegará a otros 10 millones. El crecimiento poblacional es una realidad, pero más elocuente es la cada vez mayor población a menos de 10 años de obtener la jubilación, y peor aún, los cada vez menos jóvenes cotizando a pensiones y el aumento de la informalidad, esas personas que ganan mucho dinero pero que no aportan a su pensión, pues no dejan de ver el tema como algo a largo plazo. En resumidas cuentas, no se debe ver el tema de las pensiones y la jubilación como un problema de sostenibilidad fiscal, hay que sensibilizarlo desde las necesidades básicas de un ser humano que ha trabajado gran parte de su vida útil y que se enfrenta a una edad donde nadie lo contrata o su estado vital no le permite trabajar.

Miremos estas cifras: de los casi 50 millones de colombianos, hay 1,3 millones de jubilados, 1,2 millones cobra su pensión en el fondo público, es decir Colpensiones, mientras que solo 121.400 lo hacen en los fondos privados que nacieron con la Ley 100. Las cosas cambian cuando se mira la situación desde los aportantes al sistema, en el público hay 6,7 millones de afiliados, mientras que en el privado 14,5 millones. Durante 2016, Colpensiones pagó a más de 1,2 millones de jubilados $25 billones en mesadas, de ese monto solo financió con recursos de aporte $14 billones, el saldo lo debe poner el Estado. El desbalance crece con el paso de los años en una ecuación sin sentido: los privados compiten eficientemente por la cotización de los más jóvenes, quienes cuando llegan al último momento para cambiarse de sistema abandonan los fondos privados y se van al público en donde reciben más gabelas. Esa fue una de las minas explosivas que dejó la Ley 100; la otra es de irresponsabilidad política que tiene que ver con los diferentes regímenes especiales de pensiones (fuerzas armadas constituyen el mayor peso fiscal), que ningún ministro de Hacienda o Trabajo ha logrado unificar y homogeneizar los parámetros y pagos de pensiones. Este debe ser uno de los temas de campaña, no se puede sacarle el cuerpo a este debate. Es urgente que los candidatos a la Presidencia de la República serios y formados en materia económica diseñen su propuesta de sistema pensional general para todos los colombianos en donde prime el principio de equidad.

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