Una reforma a las pensiones de los colombianos y un proyecto de Ley de Financiamiento son dos de las recientes apuestas del Ministerio de Hacienda que se encuentran en el centro del debate en el país y que tienen que pasar un camino espinoso para lograr su aprobación. Cuatro expertos investigadores de la Universidad Simón Bolívar en las áreas de derecho laboral, constitucional, economía y sociología analizaron estas iniciativas del Gobierno nacional, y emitieron sus conceptos sobre qué tan convenientes son o no para la ciudadanía.

La propuesta de reforma del Gobierno nacional no resuelve el fondo y bajo los principios de eficiencia e integralidad el problema del sistema pensional colombiano y ante todo no garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social, la protección a la tercera edad en condiciones de una vida digna, que develaría, una vez más, la frustración del sistema pensional. Desde su implementación, se contempló la frustración del sistema pensional cuando se estableció la indemnización sustitutiva, la devolución de saldos y la misma garantía de pensión mínima (GPM).

En el mismo sentido, en su devenir se ha reglamentado la pensión familiar, los beneficios económicos periódicos (BEEPS); todas estas situaciones que se alejan del alcance del objeto del sistema que se declaró en el año 1993 y que se encuentra vigente. El ministerio de Hacienda ha expuesto la posibilidad del auxilio a la vejez, bajo la aparente premisa de que “toda persona en edad de jubilación tendrá una mesada”.

Este anuncio, sin embargo, ya se había contemplado en el objeto del sistema pensional colombiano; más bien, se hace necesaria una rendición de cuentas del cumplimiento de esta garantía constitucional y legal.

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