El viernes 7 de febrero, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con representantes de los fondos privados de pensiones y el gremio Asofondos para discutir la implementación de la reforma pensional, que debe entrar en vigor el 1.º de julio de 2025

Al encuentro también asistieron la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Hacienda, Diego Guevara, y el superintendente financiero, César Ferrari.

Aún no se han expedido los decretos clave que definirán aspectos operativos fundamentales de los cambios aprobados en 2024 por el Congreso.

Uno de los puntos de mayor interés para las administradoras de pensiones es la regulación del fondo generacional y las comisiones que recibirán las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

Los representantes de los fondos señalaron que es indispensable establecer reglas claras que permitan garantizar el funcionamiento adecuado del nuevo sistema pensional.

Frente a estos desafíos, las partes acordaron continuar con el trabajo conjunto a través de mesas técnicas dentro del Comité de Seguimiento Operativo.

A falta de la reglamentación específica de ciertos puntos, el texto de la reforma también introduce procedimientos para que los trabajadores puedan recuperar las semanas de cotización perdidas. Se detalla que este mecanismo incluye que la recuperación se puede hacer “realizando una declaración ante el operador de pila que clarifique los cambios en la nómina que no fueron debidamente notificados”.

Además, se indica que los datos ofrecidos deberán estar respaldados por documentos como desprendibles de pago, extractos bancarios o soportes de vínculo laboral.

Un punto central de esta nueva ley es que extiende la protección a los trabajadores independientes. Para este grupo, el pago de los aportes podrá ajustarse según el tiempo efectivamente trabajado. “El pago se puede hacer por días”, dice la norma al resaltar que esta flexibilidad es, en particular, importante para los que tienen jornadas laborales variables.

Entretanto, en el caso de los trabajadores con contrato de prestación de servicios, el empleador será el que efectúe el pago de los aportes a la seguridad social, descontando con anterioridad estos montos de los honorarios y teniendo la autorización del trabajador.

En términos de equidad, la reforma implementa un recorte paulatino en el número de semanas necesarias para que las mujeres puedan acceder a la pensión de jubilación.

El cambio reducirá el requisito actual en Colombia de 1.300 semanas a 1.000 para 2036. Aunque los detalles de implementación están pendientes de reglamentarse, esta medida representa un avance significativo para nivelar las condiciones en un sistema históricamente desigual.

La Corte Constitucional estudia varias demandas contra la reforma pensional del Gobierno Petro, por lo que más adelante podrían haber cambios en las disposiciones de la misma – crédito Luisa González/Reuters

Otro aspecto importante de la ley es que obliga a depurar y actualizar la información antigua sobre las deudas por aportes. Esto resulta relevante para los empleados por cuenta propia, quienes a menudo enfrentan fallos en los informes de cotización que resultaron en pérdidas irrecuperables de semanas trabajadas: “El nuevo sistema de retiro obliga al desarrollo de acciones para la depuración de la información sobre deudas por aportes”.

Aunque estas disposiciones ofrecen esperanza para millones de trabajadores colombianos, los expertos advierten que el éxito de la reforma dependerá de la correcta implementación y de la colaboración entre trabajadores, gestores de nómina y las autoridades competentes.

Por otro lado, se puntualiza la importancia de que los empleados estén atentos a sus historiales de aportes y mantengan documentación que respalde cada periodo trabajado, un proceso que podría ser clave si se necesita realizar el reconteo de semanas.

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