La ministra de trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, se aferra a las anotaciones de las iniciativas que podrían marcar su legado como primera militante comunista en integrar el gabinete presidencial. Lleva consigo el resumen de las reformas laboral y pensional, dividido en cuatro columnas cuidadosamente organizadas: lo que dicta la norma actual, los cambios que contemplan los nuevos proyectos, en qué artículo de la Constitución o convenio internacional se sustenta cada uno de ellos y las modificaciones que ya reclaman algunos sectores o congresistas. Ramírez, exsenadora y curtida dirigente sindical, tiene sobre sus hombros dos de las tres reformas sociales que el presidente Gustavo Petro está empeñado en sacar adelante este semestre.

Mientras la reforma a la salud motivó la primera crisis de gabinete y la primera grieta visible de la coalición de Gobierno en el Congreso, la laboral y la pensional no han sufrido tropiezos semejantes y han sido más concertadas con centrales obreras y gremios. Pero tampoco están libres de reparos a escasos días de iniciar su trámite legislativo.

La reforma laboral busca recuperar el pago del recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, que hoy se aplica desde las 9 de la noche, así como del 100% de los dominicales y festivos que se había reducido al 75% sobre el salario de los trabajadores. Fueron ajustes incluidos en la reforma del primer Gobierno de Álvaro Uribe, en 2002, que redujo costos laborales con la promesa de un aumento en la generación de empleo.

El proyecto también le apunta a mejorar la estabilidad de los empleados. Limita la tercerización y los contratos temporales, priorizando los de término indefinido, aumenta las indemnizaciones por despidos sin justa causa y los escenarios en los cuales solo se puede despedir con la previa aprobación de un juez. En palabras de la ministra, “se les va a devolver a los trabajadores algo que se les quitó”.

La pensional, entre tanto, pretende transformar el modelo de pensiones para que más adultos mayores aseguren una protección económica. Hoy, solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación logra acceder a una mesada.

Pero hay voces que alertan sobre la contracara de la nueva reforma laboral que puede impactar a la pensional: un encarecimiento del empleo o un desincentivo a firmar contratos laborales, que limitarían la creación de puestos de trabajo y la formalización laboral.

El desempleo y la informalidad son dos problemas que inquietan: pese a haber regresado a niveles prepandemia, la desocupación en Colombia es del 11,4%, y la informalidad supera el 58%. De 22,2 millones de personas ocupadas, cerca de 13 millones son informales. Viven sin nómina, sin seguridad social y no cotizan para la vejez. Es la raíz de la baja cobertura del sistema pensional en Colombia desde hace décadas.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo del centro de estudios Fedesarrollo, explica que la reforma laboral y la pensional “son dos caras de una misma moneda” porque no es posible mejorar la cobertura de pensiones si no se hacen esfuerzos por reducir la informalidad. “Si bien la reforma laboral se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, el aumento en los costos del empleo formal provocará un aumento del desempleo y la informalidad laboral, agravando aún más el problema de cobertura en el componente contributivo del sistema de protección a la vejez”, señala.

La ministra Ramírez sostiene que reducir las condiciones laborales de los trabajadores no ha sido garantía de más empleo. “Ningún empresario crea empleos si no los necesita”, afirma. Y acude a las matemáticas para insistir en puntos clave de la reforma, como el del aumento de las horas extra. “Hoy tenemos un salario mínimo de 1.160.000 pesos (246 dólares), una hora de trabajo cuesta 4.700 pesos (un dólar). Si es en la noche se le agrega 35%, le quedaría en 6.800 pesos (menos de dos dólares). Eso no quiebra a nadie, pero sí dignifica al trabajador”, añade Ramírez.

En un análisis que recoge no solo el impacto de estos recargos, sino de otras medidas que incrementarían los costos de contratación, Fedesarrollo cita el ejemplo de un pequeño establecimiento comercial con dos empleados contratados por un salario mínimo y un administrador de dos salarios mínimos. “El aumento en los costos laborales producto de las medidas incluidas en la reforma sería del 18,6%. Esto generará una caída en las ventas del microestablecimiento, una reducción del empleo y un aumento en el precio del bien final (mayor inflación)”, dice el estudio. Otra cosa piensa la ministra, quien defiende el empleo digno como motor de la economía. “Con trabajadores alegres, tranquilos, contentos y justamente remunerados y tratados va a aumentar la productividad”, insiste.

La reforma busca la formalización de más de 600.000 trabajadoras domésticas, pues obliga a que sus contratos queden por escrito y sean registrados ante el Ministerio de Trabajo, y la de 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras rurales con la creación del jornal agropecuario. La informalidad en el campo llega al 86%. También le apunta a mejorar las condiciones laborales de cerca de 100.000 personas vinculadas a plataformas digitales de domicilios como la popular aplicación Rappi.

Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado, opina que, aunque algunas medidas podrían aumentar la formalización laboral, el efecto final sería negativo. “La economía no son solamente los rappitenderos. Se están aumentando los costos laborales de gran parte de las empresas. Puede que ganes algo formalizando a los rappitenderos, pero muchas otras empresas se ven afectadas por el costo del trabajo y la reacción no será enganchar más personas”, indica.

“Si yo fuera propietario de un gran supermercado, por ejemplo, lo que haría sería aumentar los cajeros de autoservicio, como ya está pasando en grandes superficies”, agrega Farné.

La ministra Ramírez mantiene firme la defensa de la reforma. Reconoce que el problema de informalidad es estructural y no se resolverá solo con esa ley. “Es el modelo de desarrollo el que genera la política de empleo. Por eso, este Gobierno ha dicho con claridad que la política de desarrollo va a ser la industrialización del país, nuevamente la ruralidad como motor de desarrollo, la economía solidaria, popular, comunitaria, los créditos blandos de apalancamiento financiero y acompañamiento técnico. Es una política integral”, puntualiza.

El Gobierno ha asegurado que mantendrá programas de fomento a la generación de nuevos empleos, como el incentivo para la contratación de jóvenes de 18 a 28 años del 25% del salario mínimo, con los que se han generado cerca de 800.000 puestos de trabajo. La prueba de fondo para las reformas que escuda la ministra Ramírez apenas inicia en el Congreso de la República.

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