La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta con la solicitud a Colpensiones y a la Superintendencia Financiera de un informe detallado sobre el estado actual de las áreas de atención a afiliados y pensionados, así como de los trámites para la obtención de pensiones.

Esta solicitud se produce por la preocupación creciente, porque faltan menos de ocho meses para la entrada en vigor de la reforma pensional aprobada por el Congreso. Según informó Valora Analitik, la Procuraduría ha expresado serias dudas sobre la capacidad de Colpensiones para enfrentar los desafíos tecnológicos y operativos que implica esta reforma.

La Procuraduría ha reiterado que el plazo para la implementación de la nueva ley es insuficiente, subrayando que Colpensiones carece de las capacidades necesarias para asumir las nuevas funciones y gestionar el aumento en el volumen de afiliados.

El organismo de control ha enfatizado la necesidad de que el proceso de doble asesoría se realice de manera eficiente y oportuna para los afiliados que esperan la aprobación de su traslado de régimen pensional.

En su comunicación, la Procuraduría ha solicitado información detallada sobre el estado de los trámites administrativos y el manejo de recursos en Colpensiones. Entre los datos requeridos se incluyen el número de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y las correcciones de historias laborales solicitadas entre enero y noviembre de este año. Se busca especificar cuántas de estas solicitudes han sido respondidas y cuántas permanecen pendientes dentro del término legal.

Procuraduría también ha pedido explicaciones sobre las razones por las cuales Colpensiones ha limitado o bloqueado la recepción de solicitudes relacionadas con historias laborales remitidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según El Heraldo.

Además, la Procuraduría ha solicitado información sobre la implementación de estrategias digitales, la automatización de datos y la modernización tecnológica de los sistemas actuales, en el marco del plan de acción operativa y tecnológica. Según consignó Asuntos Legales, este requerimiento busca asegurar que las entidades involucradas estén preparadas para los cambios que se avecinan con la reforma pensional.

La preocupación de la Procuraduría no es nueva. Desde 2012, por orden de la Corte Constitucional, ha estado realizando un seguimiento preventivo a Colpensiones. Este seguimiento ha revelado una serie de deficiencias que, según el organismo, podrían comprometer la adecuada implementación de la reforma. La Procuraduría ha insistido en que Colpensiones debe proporcionar argumentos jurídicos claros que justifiquen sus decisiones, especialmente en lo que respecta a la recepción de solicitudes de afiliados al sistema.

Por otro lado, la Superintendencia Financiera también ha sido llamada a rendir cuentas. Se le ha solicitado un informe sobre el seguimiento realizado a Colpensiones y las instrucciones impartidas en relación con estos temas.

La reforma pensional, que busca transformar el sistema de pensiones en Colombia, enfrenta así un escrutinio detallado por parte de las autoridades, quienes buscan garantizar que su implementación no solo sea efectiva, sino también justa y transparente para todos los involucrados.

La situación actual plantea un desafío significativo para Colpensiones y la Superintendencia Financiera, quienes deben demostrar su capacidad para adaptarse a los cambios y responder a las demandas de los afiliados y pensionados. La Procuraduría, al exigir transparencia y eficiencia, busca asegurar que el sistema de pensiones en Colombia pueda cumplir con sus objetivos sin comprometer los derechos de los ciudadanos.

Colpensiones, la entidad encargada de administrar el régimen de prima media en Colombia, ha experimentado un notable incremento en las solicitudes de traslado de pensiones.

Este fenómeno se produce en el contexto de la próxima implementación de la Ley 2381 de 2024, que establece un nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte.

Esta reforma, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, entrará en vigor el 1 de julio de 2025 y se basa en un sistema de pilares que incluye componentes semicontributivos, contributivos, solidarios y de ahorro voluntario.

El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, ha destacado que el número de solicitudes de traslado ha crecido significativamente.

Este aumento se debe a que muchas personas que cumplen con los requisitos para mover sus ahorros entre sistemas están optando por hacerlo antes de que la nueva ley entre en vigor. Velasco explicó que este mecanismo beneficia principalmente a mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 52 años que aún no han realizado el traslado de su fondo de pensiones, tal como lo exige la nueva normativa.

El proceso de traslado forma parte de las disposiciones aprobadas por el Congreso de la República en la reforma pensional del gobierno de Petro. Velasco enfatizó que, independientemente de si los solicitantes ya han alcanzado la edad de jubilación, pueden iniciar el proceso de doble asesoría para tomar la mejor decisión respecto a su traslado. Este procedimiento es crucial para garantizar que los afiliados elijan el sistema que más les conviene.

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