En el nuevo sistema de pensiones que aquí se propone, el rol del Estado no es subsidiario y exento de responsabilidad respecto del nivel de las pensiones. Tampoco consiste en garantizar pensiones similares a los ingresos percibidos antes de jubilar, lo que implica replicar –en las jubilaciones– la desigualdad salarial imperante, con alto de riesgo de insolvencia e incumplimiento. Esto último, debido a la tendencia de los sistemas previsionales de reparto forzado a ceder –muchas veces al amparo del optimismo actuarial voluntarista– ante las diversas presiones en favor de las pensiones de grupos e individuos específicos, y para resolver emergencias macroeconómicas con fondos previsionales.

El sistema de AFP se basa en el ahorro individual obligatorio del trabajador o trabajadora para solventar el pago de su pensión de vejez, y su carácter forzoso se agudiza cuando, eventualmente, le impide utilizar los fondos acumulados para realizar gastos apremiantes. Contenida por un tabú ideológico y amarras institucionales, esa tensión se mantuvo bajo control en Chile durante algunas décadas, pero cuando el apremio por recursos se intensificó (en el contexto de la crisis económica asociada a la pandemia del COVID-19) y el ascendiente ideológico se debilitó (en el contexto de la crisis política e institucional), la voluntad de disponer libremente de esos fondos irrumpió masivamente, arrasando con las barreras institucionales y la voluntad gubernamental que infructuosamente intentaban salvaguardar su intangibilidad.

Posteriormente, calzándose los zapatos del anterior, el actual Gobierno logró impedir el denominado 5° retiro, pero fue esa una victoria pírrica, pues lo posicionó como el nuevo dique que separa a los ahorrantes de sus ahorros, confrontándolo a gran parte de su pueblo.

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