En septiembre pasado una mujer de 60 años de Punta Arenas, funcionaria de Atención Primaria de Salud Municipal y que mantiene en su saldo un ahorro previsional total de poco más de $ 51 millones, presentó un recurso de protección en contra de AFP Habitat, con el fin de poder retirar sus fondos desde la administradora.

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Tal como ha sido la tónica, el recurso presentado en la Corte de Apelaciones fue elevado al TC para que vea la constitucionalidad de la medida. Y el jueves pasado, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado contra la administradora “Declarada la admisibilidad del requerimiento, ésta se comunicará al Tribunal de la gestión pendiente o a las partes de éste según corresponda, confiriéndoles un plazo de veinte días para formular sus observaciones y presentar antecedentes”, detalla el documento.

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Esto significa que será conocido por el pleno y que habrá un plazo de 20 días para que los abogados presenten alegatos. Asimismo, se puso en conocimiento a la Cámara de Diputados, el Senado y al Presidente de la República, quienes también podrán en el mismo plazo formular observaciones y presentar antecedentes.

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