El largo debate en torno a la reforma de pensiones, que se ha prolongado por más de diez años, discurre en tantas capas y con visiones tan dispares, que se podría decir que es perfectamente entendible la demora y la incapacidad evidenciada hasta ahora para salir de la encrucijada. Acá hay en juego cuestiones tan entrelazadas con las sensibilidades políticas y las visiones de sociedad, que hasta los componentes de carácter técnico-financiero, y de dinámica competitiva de mercados, terminan enredados en ese verdadero nudo gordiano.

Al igual como ocurrió con el debate constitucional, en el caso de las pensiones se ve, por un lado, a un sector del espectro político que le imputa al sistema privado de pensiones, las AFP [Administradoras de Fondos de Pensiones], el haber sido concebido en pecado. O, lo que es lo mismo, haber sido creado en el apogeo del régimen militar y con las mismas materias primas con las que entonces se estaba remodelando el sistema económico hacia una matriz neoliberal. En el terreno de lo práctico, para este sector el sistema de AFP es una industria regulada que profita de un marco legal que hace que la adscripción a ella sea legalmente obligatoria. Esa paradoja explica, por ejemplo, por qué recurrentemente se cuestionan los precios que cobran estas empresas, el margen de ganancias que obtienen los accionistas (en su mayoría extranjeros) y su capacidad de contribuir o no a resolver el problema de las bajas pensiones del país.

De otro lado, quienes defienden a las AFP, por lo general evitan entrar en una discusión que se desarrolle en la arena política, salvo cuando recuerdan que los sistemas estatales de reparto adolecen de una falla estructural que los hace insostenibles. A ello suman la evidencia histórica de las aberrantes desigualdades que existían entre tipos de trabajadores en el antiguo sistema de Cajas en Chile y los problemas que se anticipan dada la evolución de la pirámide demográfica y las dinámicas del mercado del trabajo, en donde las nuevas tecnologías han instalado una enorme incógnita en materia de empleo, lo que perfilaría un escenario donde muy pocos le deberán mucho a tantos.

Hoy la reforma al sistema es una noticia en desarrollo, en donde se dice (así lo remarcó la ministra Jeanette Jara) que ahora es tiempo de la política. La verdad es que esta discusión nunca ha dejado de ser política. Incluso, cuando se están analizando los ajustes técnicos realizados al funcionamiento de las AFP, como cuando se reguló el tema del encaje, que se esgrime cuando se discute sobre las utilidades de las administradoras. O cuando se promovió la creación de más administradoras a mediados de los 90 para elevar la competencia y así reducir las comisiones, y se terminó con más de 20 AFP, protagonizando una brutal lucha, lo que dio pábulo a un nuevo flanco de reproches. Esto, porque la solución derivó en más gasto por comisiones, las que en parte iban a financiar malas prácticas de unas fuerzas de ventas que rotaban carteras de afiliados incentivándolos con la entrega de bicicletas y otros bienes a cambio de la firma de los traspasos.

Que a nivel técnico no haya habido acuerdo en varias materias clave pondrá las cosas aún más cuesta arriba, porque para que la política sea capaz de dar con una solución sostenible en el tiempo, era importante que se despejaran temas donde se han instalado sospechas fundamentales. Entre ellas, como si las AFP son caras (como ha dicho el superintendente de Pensiones y Salvador Valdés y han retrucado personas como Gerardo Jofré, el expresidente de Codelco y ejecutivo de larga trayectoria en el sistema financiero); si ese presunto elevado costo es lo que alimenta sus utilidades y si el nivel de competencia y la inelasticidad precio son determinantes para explicar algunas de las dinámicas de este mercado.

El dilema en que está inserto el sistema político es de enorme calado y requerirá gran capacidad de sostener un diálogo que transparente las agendas para ver cuán sólida puede ser la solución que se acuerde. Es decir, si se podrá armar un modelo a partir del cual seguir construyendo y que no solo una solución parche. Una solución que, como ha dicho el economista y exsuperintendente Guillermo Larraín, no se instale en posiciones de esquina (subóptimas) y que permita hacer realidad lo que tanto se ha repetido, en cuanto a que lo más eficiente y viable es un sistema mixto 2.0. En simple, la capacidad o incapacidad de quienes están protagonizando este momento de la política en materia de pensiones dirá si por fin se dará una respuesta que perdure años o se volverá a dejar este tema en ‘continuará’.

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