Las negociaciones para la reforma de pensiones en Chile han entrado en un punto muerto: el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric ha decidido congelar el trámite legislativo hasta después del plebiscito del 17 de diciembre, cuando el país sudamericano deberá votar a favor o en contra de un nuevo texto constitucional. Lo hace tanto por la falta de consensos políticos –el Gobierno no tiene mayorías ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado y el ambiente político está crispado antes del referéndum–, como porque se debe despejar si Chile contará con una nueva ley de leyes o si, por el contrario, seguirá con la Constitución actual. Es un aspecto relevante considerando que el proyecto aborda el sistema de pensiones.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, militante del Partido Comunista (PC), ha explicado que la decisión se debe a la falta de acuerdos en torno al proyecto, considerado uno de los más emblemáticos de la Administración de Boric. La secretaria de Estado, que ejerce como portavoz de Gobierno en reemplazo de Camila Vallejo, que se encuentra de gira en China con el presidente, indicó que “en principio, no vemos una contradicción entre lo que se propone en el texto constitucional y la propuesta que hay en el Parlamento sobre reforma previsional”.

Jara agregó, sin embargo, que esto dependerá de las materias constitucionales que aún se están resolviendo y de las interpretaciones jurídicas que emanen de ellas. En ese sentido, la ministra Jara informó que “en forma preventiva”, se ha encargado desde el ministerio del Trabajo un estudio sobre la materia, “a fin de que no sea una opinión de parte, en este caso del Gobierno, la que pueda dar certezas para continuar el debate en forma adecuada”.

Una de las normas aprobadas por el pleno del Consejo Constitucional –el órgano de 50 miembros electos que debate una nueva Constitución– establece la inexpropiabiliad de los fondos de pensiones. Este asunto, según han señalado constitucionalistas, podría complicar el avance en leyes que impliquen que parte de las cotizaciones vayan a un fondo solidario, como establece el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.

La discusión legislativa para mejorar las bajas pensiones que reciben los chilenos respecto de los sueldos de la etapa activa se ha prolongado por más de una década en el país sudamericano y, en este tiempo, el Congreso no ha alcanzado consensos suficientes. Sobre este punto, la ministra Jara señaló que después de 10 meses de tramitación, al Gobierno le parece que se “debe cambiar el rumbo para de verdad construir un acuerdo de pensiones”.

“Durante estos 10 meses hemos estado convocando a la oposición a un diálogo a través de la comisión de Trabajo y Previsión Social [del Parlamento], a través de la mesa de expertos que se instaló y a través de la mesa de partidos políticos, donde déjenme recordar que la UDI (partido de la derecha tradicional) se bajó a partir de solicitar la renuncia de un ministro de Estado (Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social)”, dijo Jara. La ministra agregó que “todos los días muchos actores del mundo parlamentario se manifiestan a favor de un acuerdo en pensiones, pero los hechos concretos, lo que se hacen es antagonizar el debate y polemizar al respecto”.

De esta manera, la ministra recalcó que el Gobierno prefiere esperar un “momento más propicio para reponer esta reforma previsional”. En principio, añadió, “hay materias que se van a indicar después del plebiscito de salida, pero es una evaluación que está haciendo permanentemente el Ejecutivo”.

El proyecto de reforma a las pensiones ingresó el 7 de noviembre de 2022 al Congreso chileno, pero las diferentes miradas sobre el sistema de previsión social han frenado los avances de la iniciativa legal. El 6 de julio pasado, el Gobierno le puso suma urgencia a uno de los principales pilares de su programa. La propuesta busca formar un nuevo seguro social, financiado a través de una cotización adicional del 6% con cargo a los empleadores. Pero el destino de esa cotización extra ha sido una de las principales dificultades en las negociaciones. Inicialmente, el Ejecutivo quería que el 6% se destinara íntegramente al Fondo Solidario, pero la falta de apoyos los ha obligado a discutir que un 4% vaya al Seguro Social y un 2% a la capitalización individual. La oposición, por su parte, ha endurecido su postura: si en 2020, durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), planteaba que la cotización adicional fuera 3% para cuentas personales y 3% para un Fondo Solidario, hoy la derecha plantea que el 6% debe ir íntegro a capitalización individual.

La estrategia del Gobierno de pausar la reforma generó diversas reacciones. Mientras desde el Partido Comunista y el Frente Amplio de Boric cerraron filas con la ministra Jara, el Socialismo Democrático –de la izquierda moderada– criticó la medida. “No sé si se puede esperar más y lo relaciono con el 18 de octubre (fecha del estallido social en Chile), porque ahí lo que vimos una explosión de solicitudes, de demandas sociales, por supuesto, mal llevadas y que termina con violencia”, dijo la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic.

Por su parte, el presidente del PPD, Jaime Quintana, de la centroizquierda, alertó: “No sabemos cuál es el escenario político con el que nos vamos a encontrar después del plebiscito. Me parece que puede ser riesgoso interrumpir esta discusión. Los adultos mayores también necesitan certezas”.

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